20 de julio de 2007
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Cifras solo son comparables a las de las “guerras civiles”, según experto español
Tegucigalpa
– La organización humanitaria Casa Alianza denunció
hoy que 679 jóvenes menores de 23 años han sido asesinados
en Honduras en lo que va del Gobierno del presidente, Manuel Zelaya,
quien asumió el poder el 27 de enero de 2006.
Según el informe, 80 de los casos se registraron en los meses
de mayo y junio.
Casa Alianza dijo que –según sus registros- 3.674 jóvenes
han fallecido en condiciones violentas en el país desde enero
de 1998, cuando comenzaron a llevar un registro minucioso de estas muertes.
Apuntaron que 1.019 casos se registraron en el gobierno del liberal
Carlos Flores (1998-2001) y 1.976 en el gobierno del nacionalista Ricardo
Maduro (2002-2005).
Indicaron también que el 34 por ciento de las víctimas
(1.255 casos) eran jóvenes menores de 17 años de edad,
y el 66 por ciento restante (2.419) hombres y mujeres de entre 18 y
23 años de edad.
La mayoría de los jóvenes fueron muertos con armas de
fuego.
El informe se hace público en momentos en los que analistas y
la prensa internacional señalan a Honduras junto a El Salvador
y Guatemala, como los tres países más violentos de América
Latina.
Un nota de prensa publicada en diario
El País de España cita al experto español en
temas de género y violencia, Enrique Gomaríz, diciendo
que las cifras solo son comparables a las de las “guerras civiles”.
Casa Alianza dijo en su informe que en un principio, las víctimas
eran personas “cuyas condiciones particulares eran de riesgo y/o
vulnerabilidad social”, es decir “niñez en situación
de calle, adolescentes pertenecientes a maras o pandillas y otros que
habían sido sometidos al sistema de justicia o que poseían
antecedentes de infracción a la ley”.
Pero “también podemos afirmar que muchos de los casos se
siguen sucediendo con víctimas que se encuentran en el lugar
y en el momento equivocado, como es el caso de jóvenes estudiantes,
jornaleros que han sido ejecutados y encontrados sus cuerpos en lugares
descampados…”, agregó.
El informe señaló que la vorágine de violencia
que azota a Honduras es alimentada por factores como la proliferación
de armas, el limitado control sobre ellas, la impunidad al no llevar
a los tribunales a los responsables de estos crímenes y la ausencia
casi total de políticas de protección social hacia los
sectores más vulnerables de la niñez, juventud y adolescencia.
Asimismo recomienda que las instituciones estatales responsables de
la prevención, investigación, persecución y sanción
de estos crímenes establezcan y dinamicen estrategias urgentes
y al más corto plazo para la atención de este grave problema.
“Es necesario y preciso que las más altas autoridades del
país, manifiesten su oposición y repudio a las ejecuciones
sistemáticas de niños, niñas y jóvenes en
Honduras”, dice el informe.
También es impostergable que se realicen acciones conducentes
al desarme de la población y sobre todo que se aplique la Ley
de Portación de Armas, con el propósito de minimizar la
incidencia, y que se diseñen e implementen políticas de
protección social dirigidas a la niñez, adolescencia y
juventud y que las mismas garanticen el pleno goce de sus derechos fundamentales,
añade.