Así mismo, recomendó a las instituciones responsables
de la recepción de inmigrantes deportados, que permitan a las
procuradurías de los Derechos Humanos del área y a las
organizaciones de la sociedad civil, la sistematización, documentación
y denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde
el momento de la intercepción, detención, hasta la deportación
ya sea por vía aérea o terrestre.
Al interior del CCPDH existe preocupación por el aumento de las
deportaciones desde Estados Unidos y México, por cuanto las mismas
implican un ingrediente adicional de victimización contra los
inmigrantes, dijo en un comunicado el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos de Honduras.
La fuente indicó que el CCPDH considera que “las deportaciones
ponen al desnudo las incongruencias de una sociedad presuntamente desarrollada,
que necesita de los inmigrantes pero, al mismo tiempo, los persigue
y criminaliza”
Además, cuestiona las falencias existentes en países como
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que se muestran incapaces
de defender a sus connacionales y de prestarles asistencia básica
cuando son repatriados.
En el primer semestre del 2007, más de 15.000 hondureños
han sido deportados de los Estados Unidos
Tanto las procuradurías de Derechos Humanos de Centro América
como las organizaciones de la sociedad civil deben estar vigilantes
para verificar el cumplimiento de los convenios para la repatriación
digna, segura y ordenada de los inmigrantes centroamericanos.
Según el organismo regional los abusos que se cometen contra
los inmigrantes en los Estados Unidos se han agravado porque en lugar
de ver el problema como un fenómeno político social el
mismo se ve como un asunto de seguridad nacional.
Diversos sectores en el istmo, coinciden en señalar que las corrientes
migratorias en y desde Centroamérica son provocadas por la incapacidad
estructural de las economías para ofrecerle a los jóvenes,
condiciones de vida y trabajo que les permita optar por permanecer en
sus naciones de origen.
El organismo humanitario considera que los emigrantes centroamericanos,
al igual que de otros países del continente, son doble o triplemente
víctimas de las violaciones a sus derechos humanos.
Estas violaciones comienzan en sus países de origen donde se
les violentan sus derechos económicos, sociales y culturales;
luego en los países de tránsito donde son objeto de innumerables
vejaciones y abusos y finamente en los países de destino, donde
se criminaliza la condición de indocumentados y se les discrimina
laboral y salarialmente, así como se les restringe el acceso
a servicios básicos de salud, educación y asistencia social.
Urge diseñar políticas migratorias
Según el CCPDH urge diseñar políticas migratorias
de Estado, que pongan en su centro el respeto a los derechos humanos.
“Esto incluye realizar estudios multidisciplinarios sobre las
causas y las consecuencias de los procesos migratorios en cada uno de
los países de la región” indicó.
El CCPDH apunta a incidir en que los Estados del área diseñen
políticas económicas, monetarias, cambiarias, crediticias
y sociales orientadas a beneficiar a las familias y comunidades de origen,
habida cuenta del aporte estratégico de las remesas familiares
a la economía nacional.
El CCPDH lo integran la Procuraduría de los Derechos Humanos
de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras,
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua,
la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Defensoría
del Pueblo de Panamá y el Ombudsman de Belice.