20 de junio de 2007
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Organismo de derechos humanos y parlamentario liberal responsabiliza al gobierno por la crisis en los penales nacionales
Tegucigalpa
- El cuarto implicado en el asesinato de los niños Jenny Lizeth
y Carlin Adalid López fue ajusticiado esta madrugada en el centro
penal de Juticalpa, Olancho, a casi 24 horas de que sus tres supuestos
complices fueran ejecutados, mutilados y quemados en la Penitenciaría
Nacional de Tegucigalpa.
Melvin Adalid Jiménez, alias "El Cusuco", asesino confeso
de los infantes, fue ultimado a puñaladas y punzonazos esta madrugada
por sus propios compañeros de celda en el citado reclusorio de
esa región del país.
Con el asesinato de Jiménez asciende a cinco el número
de reclusos asesinados en las últimas 24 horas en los centros
penitenciarios de esta nación centroamericano y más de
22 en lo que va del presente año.
La policía confirmó que Jiménez es el cuarto individuo
que fue apresado por el brutal asesinato de los hermanitos Jenny Lizeth
y Carlin Adalid López en la comunidad de La Nava, jurisdicción
de Guaymaca, Francisco Morazán.
Ayer tres de los detenidos fueron ultimados y quemados en la Penitenciaría, y hoy se ajustició al cuarto. Es la ley del Talión en los tribunales, ojo por ojo, diente por diente.
Responsabilizan al Estado
Sobre la crisis que experimenta el sistema penitenciario, un organismo
humanitario y un diputado hondureño responsabilizaron al Estado
por la ola de asesinatos en la Penitenciaría Nacional .
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Acan-Efe que "el Estado es el responsable de todos los muertos en las cárceles del país en los últimos años, porque no le garantiza la vida a ningún reo".
Agregó que "la cultura de muerte en las cárceles es un hecho oficial" y reiteró que "la vida de los presos en las cárceles es responsabilidad del Gobierno".
"Parece que estamos ante una política de hacer todo una cultura contra la vida", acotó Oliva.
Otro reo fue asesinado la semana pasada en la cárcel de la ciudad de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La dirigente del COFADEH indicó que no hace falta referirse qué tipo de reos fueron los asesinados ayer, "el hecho es que no es matando a criminales o no criminales presos que se hace justicia".
Tres de los reos asesinados ayer a cuchilladas y luego quemados, eran los presuntos responsables de la muerte violenta de dos niños hermanos en una aldea del municipio de Guaimaca, región central de Honduras, el pasado 3 de junio.
Los tres presuntos asesinos fueron ajusticiados en tres sitios diferentes de la Penitenciaría Nacional , cercana a Tegucigalpa, y tras estar tirados en el piso durante varias horas, sus cuerpos fueron descuartizados y quemados.
A uno de ellos, que había confesado que le cortó una mano a la niña asesinada, también le mutilaron la suya.
Pareciera que los mismos reos cumplieron lo que pedían los pobladores de Guaimaca contra los asesinos de los dos niños, que se les diera muerte y luego se les quemara.
El ex fiscal hondureño y diputado ante el Parlamento hondureño por el Partido Liberal, Edmundo Orellana, dijo a "Radio Cadena Voces" en Tegucigalpa, que el Estado es el responsable de todo lo que ocurre en el deficiente sistema penitenciario del país.
Orellana indicó que no es posible que un Estado no pueda garantizarle la vida a los reos en las cárceles y abogó porque el Gobierno que preside Manuel Zelaya tome acciones inmediatas para poner fin a tanta barbarie.
La coordinadora del COFADEH indicó que la comunidad internacional debería de exigirle más responsabilidad al Gobierno de Honduras, porque aunque en el país no existe la pena de muerte, "de hecho está legalizada en las cárceles". Oliva considera que Honduras está viviendo una situación de "demasiada intolerancia y la pérdida del estado de derecho por regiones". |
 Bertha Oliva |
"Por eso es importante que hagamos causa común todos los sectores que queremos el fortalecimiento de un Estado de derecho y defendemos la vida", acotó Oliva, quien además le pidió al presidente Zelaya que "ponga un alto a tanta matanza en las cárceles".
Con los cuatro reos de ayer, suman 22 los asesinados en lo que va de 2007 en la Penitenciaría Nacional ,, mientras que en 2006 la cifra ascendió a 32.
"El presidente debe ordenar que cese esa política contra la vida y pedirle al ministro de Seguridad (Álvaro Romero) que actúe", apostilló Oliva