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Tegucigalpa - El ex ministro de la Presidencia y actual consultor del Banco Mundial, Luis Cosenza Jiménez, considera que la nueva ley de incentivos para generar energía con recursos renovables, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, es prácticamente una “privatización de los recursos naturales del país”.

En un análisis, elaborado a propósito de la aprobación de la citada legislación, Consenza advierte de los riegos que en materia energética enfrenta el país y particularmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) porque la ley obliga a esta entidad a comprar la energía producida y poner su infraestructura a disposición de los generadores privados.

Por su importancia y la coyuntura de este momento en relación a las medidas que el gobierno ha adoptado en la ENEE y sus erráticas decisiones en materia energética, publicamos una serie de artículos sobre este tema con el ex funcionario y experto en asuntos de energía. A continuación el artículo:

Recientemente el Congreso Nacional aprobó una Ley para otorgar incentivos a quienes produzcan energía eléctrica utilizando recursos naturales renovables. Todos estamos interesados en el uso de dichos recursos para producir energía eléctrica.

Sin embargo, nuestros recursos deben ser vistos como un bien público, es decir, para beneficio de todos, y no como un bien privado que solo beneficia a un pequeño grupo.

A mi juicio, ese era el principal, pero no el único, defecto del proyecto de Ley. Permítanme explicar.

El proyecto de Ley buscaba otorgar incentivos al desarrollo de proyectos que utilizan nuestros recursos renovables, sin importar su tamaño. Es decir, se pretendía beneficiar a pequeños y grandes inversionistas, nacionales o extranjeros.

Es más, se establecía que la SERNA debía otorgar permisos, exclusivos, para estudios de proyectos por dos años, con una ampliación de otros dos años. Al no establecer límite alguno, se buscaba poner en manos privadas todos los sitios atractivos conocidos, y por identificar.

Es de suponer que los sitios que permiten desarrollar proyectos grandes serían de inmediato solicitados por los grandes inversionistas, y la SERNA no tendría más recurso que conceder un permiso, exclusivo, al primer interesado que lo solicitara.

Luis Cosenza

Esto significa que el país perdería, de inmediato, el control de sus recursos naturales renovables por un período de cuatro años. En efecto, lo que debería beneficiar a todo el pueblo hondureño pasaría a control privado; en pocas palabras, habríamos privatizado nuestros recursos renovables.

La entrega de recursos naturales renovables ya se ha hecho antes. En la Administración Reina se entregó Patuca II a un grupo privado. En otra Administración se entregó también el sitio para el desarrollo de un proyecto eólico.

En ambos casos se incurrió en un abuso de autoridad puesto que no había legislación vigente que permitiera eso. En ambos casos, la entrega de los sitios, con exclusividad y sin concurso, ni licitación, fue un fracaso.

Ninguno de esos proyectos fue desarrollado y lo único que se logró fue que el país perdiera el control de sus recursos en tanto duró la licencia exclusiva.

Lo que ahora se proponía es peor, ya que se autoriza a la SERNA a entregar todos los sitios atractivos para proyectos, grandes o pequeños, que utilizan nuestros recursos naturales renovables.

Pero los problemas no terminan allí. El proyecto contemplaba que el punto de entrega sería la subestación más cercana de la ENEE , lo cual es razonable, excepto que cualquier mejora en dicha subestación, o en el resto del sistema de la ENEE , para poder aceptar la potencia que le entregará el privado, debe hacerse por cuenta de la ENEE.

Previendo que la ENEE no tendría los recursos, el proyecto establece que el privado deberá financiarla y que esta le deberá pagar en un plazo máximo de siete años. No conozco otro negocio en el cual quien insiste en vender exige que el comprador haga las inversiones para poder llevar a cabo la venta.

Por otro lado, los privados se reservan el derecho de venderle a otro privado, y para eso el proyecto de Ley obliga a la ENEE a poner sus instalaciones al servicio del privado.

El proyecto preveía que se pagaría a la ENEE , por el uso de sus instalaciones, un centavo de dólar por kWh vendido al otro privado, pero la Comisión de Dictamen del Congreso, curiosamente la Comisión de Agricultura y Ganadería, lo redujo a medio centavo de dólar.

El peaje, como se le llama al pago por el uso de las instalaciones de otra empresa eléctrica, es función del volumen de ventas y de la distancia a la que se envía dicho volumen y hay procedimientos aceptados en el mundo para su cálculo.

Es absurdo fijar el monto por Ley, salvo que se desee establecer una cifra excepcionalmente baja. Si lo que se desea es reducir el margen de discrecionalidad de la ENEE , lo razonable habría sido establecer que se usará una metodología empleada internacionalmente, en lugar de fijar una cifra que no compensa a la ENEE por el uso de sus instalaciones.

El uso de esas instalaciones implica su eventual sobrecarga, lo que requerirá que la ENEE invierta para que dos privados puedan hacer sus negocios.

El proyecto de Ley además obliga a la ENEE a comprar todo lo que produzcan los privados, ya sea que lo necesite o no, y además establece el despacho de las centrales.

En todo el mundo las centrales se despachan partiendo de su costo, es decir, primero se pone a operar la central de más bajo costo, luego la que tiene el segundo costo más bajo, y así sucesivamente hasta satisfacer la demanda de la manera más económica.

Al establecer por Ley como debe hacerse, sin importar si eso resulta en más costos para la ENEE , se contradicen todas las normas modernas para la operación de un sistema eléctrico y se agravará la situación financiera de la ENEE.

El proyecto también obliga a la ENEE a “mantener el equilibrio financiero del Contrato” con el privado, frente a cualquier cambio legal o reglamentario que pueda darse en el futuro. No conozco de ningún otro negocio en el cual el Estado esté obligado a asegurar las utilidades de un privado frente a las eventualidades del futuro.

Recuérdese que además el proyecto de Ley también otorga exoneración total del impuesto de ventas, de la renta, aportación solidaria, impuesto de volumen de ventas, y aranceles. Además busca exonerar del pago del impuesto sobre la renta a los consultores que puedan ser contratados por los desarrolladores.

Finalmente, el proyecto establece como tarifa el costo marginal de corto plazo más un diez por ciento, y un ajuste al costo de la energía de un uno y medio por ciento anualmente.

Recientemente escuché a un funcionario del gobierno defender el proyecto de Ley y explicar que los costos de la energía renovable son altos inicialmente, pero que luego con el tiempo se reducen notablemente.

Es evidente que esa persona no ha leído es proyecto de Ley, ya que para propósitos de la ENEE , y de sus consumidores, el costo de la energía renovable que contrate solamente podrá aumentar al paso del tiempo.

Los beneficios que produzca la reducción del costo con el tiempo quedarán exclusivamente en manos del desarrollador.

Uno puede entender que se exonere el pago de algunos impuestos, pero no así del impuesto sobre la renta, el cual se paga solamente si el negocio produce utilidades. Si estos negocios producen utilidades, ¿por qué no compartirlas con el Estado para que pueda atender, entre otras cosas, la infraestructura del país que también le sirve a ellos?

Finalmente, el proyecto de Ley establece que los contratos firmados con la ENEE , que son de larga duración, serán renovados (sin renegociación), a solicitud del desarrollador.

Según se dice, el proyecto de Ley fue modificado y ahora solo es aplicable a un máximo de 50 MW.

Esto claramente reduciría el impacto negativo del proyecto original. Sin embargo, si lo que se desea es apoyar a los pequeños desarrolladores, lo cual me parece muy razonable, el tamaño máximo de los proyectos elegibles debió ser reducido, en lugar de ampliado.

A mi entender, 15 MW es un límite razonable. Esperemos que todavía haya tiempo para que las autoridades puedan defender los intereses nacionales.