El anuncio
lo hizo durante la entrega de los restos a sus familiares, del hondureño
Juan Humberto Sánchez, desaparecido y asesinado por miembros
del Ejército hondureño en 1992.
Rosa dijo que la responsabilidad del Estado en los casos de desapariciones
forzadas “es imprescriptible” y que buscan los medios nacional
e internacionalmente para cumplir con la sentencia de la Corte Internacional
de Derechos Humanos (CIDH), en este caso.
Recordó que en días resientes firmó con el Gobierno
de Argentina una carta de entendimiento de cooperación en derechos
humanos, y que en el marco de ese acuerdo vino al país un equipo
de antropólogas forenses para planificar los procesos de búsqueda
e identificación.
Dijo que el Ministerio Público también trabaja en la construcción
de la base de datos de víctimas de desapariciones en el país,
para lo que han solicitado asistencia técnica en países
con similares experiencias.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
el caso de Sánchez, obliga al Estado de Honduras a aceptar su
responsabilidad en los hechos, pedir perdón a los familiares
y entregar los restos a sus familiares para su sepultura en un lugar
de su elección.
Le obliga también a implementar un registro nacional de detenidos,
para evitar que casos como este se vuelvan a repetir, y a concluir las
investigaciones de este caso para enjuiciar a los actores intelectuales
y materiales del asesinato.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Proceso Digital que es de
suma importancia que el Estado proceda a conformar el registro de víctimas
de desapariciones “que nos llevará a ilustrar todas las
detenciones arbitrarias que se cometieron en el pasado y las actuales,
y así poder ir detectando que agentes del Estado participaron
en ellas”.
También urgió el castigo de los actores intelectuales
y materiales del asesinato de Sánchez.
“Eso es un reto para la Corte Suprema y el Ministerio Público,
porque en esa sentencia están con nombre y apellido las personas
intelectuales y materiales del hecho. No se que se espera para empezar
a deducir responsabilidades”, señaló.
“Sabemos que el rompimiento de la impunidad no es tan fácil,
pero debemos hacerlo, hay que perseguir a los responsables anden vestidos
de trajes de casimir o se escondan detrás de las piedras, hay
que perseguirlos”, agregó..
Oliva dijo que “no hay justificación alguna para cometer
estos crímenes de lesa humanidad, dividir a la sociedad y fortalecer
la impunidad, por tanto exhorto al Estado que empiece a actuar, tenemos
seis casos de desaparecidos, plenamente identificación, en los
que el Estado no puede alegar, no puede decir que no tiene plena prueba
del delito”.