La fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, dijo hoy a periodistas que la recomendación se hizo en la sede de la Comisión en Ginebra (Suiza), al tiempo que expresó estar de acuerdo con la propuesta.

Explicó que los miembros del grupo de trabajo, que visitaron Honduras en 2006, expresaron su preocupación “por la desproporción que existe en la pena asignada al delito de asociación ilícita” en este país centroamericano.

Dijo que esas penas “contrastan, inclusive son más altas, que la pena señalada para el delito de asesinato, siendo este delito el que lesiona el bien jurídico más fundamental, que es el derecho a la vida (…), y ha recomendado al Estado que haga una revisión en cuanto a esta proporcionalidad”, explicó Ponce.

Declaró que el Grupo también “ha afirmado tajantemente que la disposición del Código Procesal Penal que le sustrae a los jueces la posibilidad de valorar en los casos concretos si las personas que son procesadas por asociación ilícita deben o no ser beneficiadas con las medidas sustitutivas, se contradice con el artículo 9 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que obliga al Estado de Honduras a estipular la privación de la libertad como una medida extraordinaria y de excepción”.

Ponce dijo que en aquellos casos en los que una persona que pertenece a estos grupos de asociación ilícita es procesada o enjuiciada por asesinato, pues se le impondrá la pena por asesinato.

“Pero el delito de asociación ilícita está regulado como un delito autónomo del homicidio o del robo, y estiman que por esta razón este delito debe tener una pena razonable al bien jurídico que le sea, que no es el derecho a la vida”, apuntó.

Ponce dijo coincidir absolutamente con el Grupo de trabajo de la ONU en relación a que “el Estado está absolutamente legalizado para penalizar cualquier conducta que lesione los derechos de las personas, pero el sistema penal debe ser justo y las penas deben de ser proporcionadas a los bienes jurídicos que los delitos lesionan”.

“Por eso yo creo que sí debe haber una revisión en cuanto a la proporción de la pena que está señalada al delito de asociación ilícita”, sostuvo.

En agosto de 2003, el Parlamento de Honduras aprobó una reforma al artículo 332 del Código Procesal Penal, conocida en el país como “ La Ley Antimaras ”, la que penaliza con 20 y 30 años de prisión a los dirigentes de las pandillas armadas, y con 16 a 20 años por el delito de homicidio.

Estas agrupaciones están integradas en su mayoría por jóvenes menores de 30 años, que carecen de oportunidades educativas y laborales, según los analistas de este fenómeno.

Las autoridades consideran que los miembros de estas pandillas son responsables de un alto porcentaje de los delitos que se registran en el país.

Partido Nacional no apoyará revisión

Porfirio Lobo Sosa

El ex presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, en cuya administración se aprobó la “Ley Antimaras”, se pronunció en contra de la revisión de las penas asignadas al delito de asociación ilícita. “Yo diría que más bien hay que ver como se refuerza o se hace cualquier reforma que sea necesaria para que se pueda combatir el clima de inseguridad”, dijo Lobo, quien actualmente es el presidente del Partido Nacional, la primera fuerza de oposición política en este país.

Estimó que las reformas que debiliten el castigo a los delincuentes no coadyuvarán a reducir los altos índices de violencia que abaten al país.

“Aquí más bien habría que pensar en como hacemos para garantizar al pueblo hondureño su seguridad (…), para qué vamos a bajar penas, nadie está obligado a delinquir y el que delinque que pague”, apuntó.

Anunció que su partido “no apoyará ninguna reforma que venga a debilitar cualquier instrumento legal que posibilite lo que es castigar a los delincuentes”, porque, en su opinión, “la ley está allí para proteger, para disuadir, nadie está obligado a delinquir, el que no quiera que se le aplique la ley, pues que no cometa el delito”.