Tegucigalpa - Por su supuesta vinculación a bandas organizadas de tráfico de indocumentados y prácticas ilegales de soborno, las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería cancelaron a seis oficiales migratorios que laboraban en distintas aduanas aéreas y terrestres del país, confirmó hoy el titular de esa institución German Espinal.

“Básicamente las anomalías que se han presentado tienen que ver con las aberrantes practicas de recibir sobornos por servicios que se prestan de manera ilegal e irregular a personas que quieren hacer movimientos migratorios de manera anormal”, apuntó Espinal en una entrevista, concedida de forma exclusiva, a la estación de noticias Radiocadena Voces.

Entre los separados están: las empleadas Jamileth Aguilar y Dilenia Núñez, quienes laboraban en los puntos migratorios de la zona Sur, específicamente en la ciudad de Choluteca. Ambas fueron denunciadas por recibir sobornos a cambio de permitir el movimiento de ciudadanos de origen chino en esa región del país.

Se informó que Aguilar estuvo a punto de permitir la salida de una menor de edad por el pago de tres mil lempiras, pero afortunadamente fue descubierta a tiempo por la policía y las autoridades judiciales, y actualmente está detenida, luego que una jueza le dictó medidas cautelares por ese ilícito.

La antes mencionada confesó que había pactado el pago de tres mil lempiras por permitir la salida de la menor de territorio hondureño.

Espinal informó que también se canceló al subdelegado de la aduana la Mesa de San Pedro Sula, Juan Ángel Gómez, quien fue denunciado por el cónsul de Estados Unidos, Ian Brownlee, de hacer cobros ilegales por autorizar y sellar las entradas y salidas de ciudadanos hondureños que se quedaban ilegales en Estados Unidos.

“La denuncia fue reiterada por el cónsul de EEUU y se refiere a los cobros por sellar las entradas y salidas mostrando movimientos migratorios de ciudadanos hondureños que se quedaban viviendo en Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, se procedió a la suspensión del oficial migratorio Rubén Rivera Merlo, quien también tenía en su contra denuncias de cobros ilegales por permitir la salida de una menor de origen norteamericano. La operación pudo frustrarse y la pequeña se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias.

A todos los anteriores se suma, los empleados migratorios de la ciudad de El Progreso, Yoro, Mario Pinzón y Magdalena Borjas, quienes están siendo investigados por autorizar la permanencia irregular en el país de ciudadanos extranjeros a cambio del pago de cien dólares por operación.

Espinal indicó que estas personas serán llamadas a audiencia de descargo, pero se ha tomado la decisión de proceder a su cancelación de las oficinas de migración.

Asimismo, el funcionario informó que la mayoría de este personal tenía entre diez y quince años de laborar en la Dirección de Migración y Extranjería y alguno era relativamente nuevo de laborar en la institución.

Dijo que en la mayoría de los casos que se comprobaron irregularidades, la Dirección de Migración ha procedido a la suspensión de los señalados y al pago de sus prestaciones laborales en cumplimiento de las leyes del país, pero, además, sus casos han sido remitidos al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas.

“Estamos siguiendo todas las investigaciones tenemos reuniones con los fiscales y con personal de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación y del Tribunal Superior de Cuentas”, agregó.

El director de Migración reveló también que ha sido una práctica común en la institución los cobros indebidos a las empresas navieras por autorizar la salida de marinos e incluso muchas de estas empresas eran sometidas a presiones para que pagaran grandes cantidades de dinero.

“Eran prácticamente objeto de presión para que pagaran cantidades muy fuertes para el traslado de marinos cuando tenían que abordar sus barcos desde el puerto de la Mesa, tanto como Puerto Cortés y Amapala”, reveló

Espinal adelantó que los informes de cada una de estas personas suspendidas serán enviados al TSC y el Ministerio Público.

LOS SUSPENDIDOS

Jamileth Aguilar

Dilenia Núñez

Juan Ángel Gómez, sub delegado de la aduana de la mesa

Rubén Rivera Merlo

Mario Pinzón

Maria Magdalena Borjas