• En Honduras se han registrado al menos 19 secuestros, reconocidos por la policía, durante los últimos 14 meses

La cooperación entre sectores radicales, grupos guerrilleros y bandas de delincuencia común toma cada vez mayor fuerza en los secuestros políticos, producto de la lenta, pero inevitable integración regional.

Las cada vez más difusas fronteras han permitido a los secuestradores estrechar relaciones con sus pares de los países vecinos e incluso hablar hoy del "trasteo" de rehenes, como el que insinúa el gobierno colombiano se hizo con Ingrid Betancourt, quien cumple mañana cinco años en poder de las FARC.

Colombia, hasta hace poco el país con el mayor número de raptos del mundo, es el que más se queja de la existencia de esa red trasnacional y acusa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de "exportar" sus técnicas a la región y de usar las zonas selváticas de frontera para llevar a los plagiados a otros países.

La cooperación de los rebeldes colombianos se evidenció en el 2005, cuando el gobierno paraguayo responsabilizó a las FARC de asesorar a militantes del sector radical del Partido Patria Libre (PPL) para que secuestraran en septiembre de 2004 a la hija mayor del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau (1998-1999).

El cadáver de Cecilia Cubas fue encontrado cinco meses después en una fosa cavada en una vivienda de las afueras de Asunción y luego de que su familia pagó 300.000 dólares. La organización responsable de ese rapto también es acusada de sonados secuestros, como el de la nuera del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi en el 2002.

En Honduras, este año se han registrado al menos tres secuestros, mientras que en 2006 sumaron 16, según la Policía. Todos han sido resueltos sin consecuencias fatales, algunos tras el pago de rescate.

Entre los secuestros más sonados, seguidos de asesinato, ocurridos en este país de América central, figuran el del empresario y ex ministro de Economía Reginaldo Panting, en junio de 2002, y el de Ricardo Ernesto Maduro, hijo del ex presidente hondureño Ricardo Maduro, en abril de 1997.Ambos se registraron en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y fueron atribuidos al crimen organizado.

Los plagios que involucran a movimientos guerrilleros de otros países también han tenido como escenario a Bolivia, donde en 1995 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú tomó como rehén al actual jefe de la centrista Unidad Nacional y miembro de la Asamblea Constituyente, Samuel Doria Medina.

El dinero que se entregó por la liberación de Doria Medina, ex ministro de Planeación, fue usado por los insurgentes peruanos para planear y ejecutar dos años después el asalto a la embajada japonesa en Lima.

En Brasil el secuestro también ha involucrado a organizaciones rebeldes latinoamericanas que pretendían financiar sus acciones con el plagio de empresarios. En 1989 cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, junto con dos militantes argentinos, dos canadienses y un brasileño secuestraron al empresario de Brasil Abilio Diniz.

Años después, un grupo de extremistas integrado por tres chilenos, dos colombianos y una argentina nacionalizada española, y liderado por Mauricio Hernández Norambuena, un conocido ex guerrillero de Chile, secuestró en 2001 a un publicista brasileño con la finalidad de obtener recursos para financiar su movimiento.

Una de las retenciones por causas políticas que tuvo resonancia ocurrió el 2 de enero de 1994 en México, cuando un día después de alzarse en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó como rehén al general retirado y ex gobernador del estado de Chiapas, Absalón Castellanos, a quien liberaron días después.

Asimismo, Costa Rica ha sufrido casos de secuestros por parte de bandas internacionales que se unen a delincuentes nacionales para cometer los raptos.

El caso más reseñado fue el secuestro en 1996 de la alemana Nicola Fleuchaus y la suiza Regula Susana Siegfried por parte de un comando integrado por costarricenses y ex guerrilleros nicaragüenses que negociaron la liberación con los familiares de las europeas.

Otro de los raptos que tuvo un amplio despliegue en 1992 fue el del entonces ministro costarricense de Seguridad, Luis Fishman, a manos del hondureño Orlando Ordóñez, quien se las arregló para llevar a su rehén a Honduras en avión y exigir el pago de 100.000 dólares por su liberación.

Ese "trasteo" de rehenes a otros países también se presentó en Argentina en el 2003, cuando el joven Cristian Schaerer fue raptado y presuntamente llevado a Paraguay. En la década de los 70 el secuestro era una práctica común de los grupos rebeldes para reclamar reivindicaciones sociales, pero hoy ese delito ha cobrado vigencia por los raptos de hombres de negocio y diplomáticos a cambio de recompensas, principalmente en Venezuela y Panamá.

El banquero panameño Sam Kardonsky fue secuestrado en 1984 en el país centroamericano por rebeldes colombianos y entregado en Ecuador en noviembre de 1985 tras el pago de una recompensa.

Las FARC también secuestraron en esa nación en enero de 2006 al médico español José Colastra y su hijo, quienes fueron liberados días después del pago de dinero por su libertad. EFE/ProcesoDigital