El defensor de los derechos humanos consideró que si el costo de vida del hondureño común, aumenta y aumenta desproporcionalmente, sin ningún control, no se justifica un control del salario mínimo como ocurre actualmente.

Puso como ejemplo que en el país, mientras el precio de los productos de la canasta básica sube en ascensor, el salario de los trabajadores va a paso de tortuga enyesada.

“A todo trabajador se le debe pagar debidamente por sus servicios prestados y si es un buen empleado tiene derecho a ganar lo suficiente para vivir sin hambre con buena salud y con sus hijos en la escuela, recibiendo una educación de calidad”, dijo.

Recomendó a quienes se oponen al incremento del salario mínimo para que visiten los mercados y se den cuenta de cuánto vale un huevo, cuánto vale la leche, cuánto vale la verdura.

Una comisión tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores) comenzó en enero a negociar una nueva estructura del salario mínimo en Honduras, sin que a la fecha hayan logrado acuerdos en torno al tema.

La semana anterior, los representantes del sector laboral en las negociaciones oficializó una solicitud de incremento del 25 por ciento, Los trabajadores pidieron oficialmente hoy al Gobierno y a los empresarios del país un aumento de 25 por ciento de salario, en base a las cifras oficiales que reportan un cinco por ciento de crecimiento económico en el país.
Representantes del sector empresarial han anunciado su oposición a la petición de los trabajadores aduciendo que no tienen capacidad de pago y advertido que si se aprueba ese incremento habrán despidos masivos en sus empresas.

Las pláticas continuarán a finales de mes, reuniones en las cuales si no hay acuerdos el Gobierno deberá fijar unilateralmente el nuevo incremento.

Según un informe del Consejo Monetario Centroamericano, Honduras junto a Nicaragua pagan los salarios más bajos de la región.

La Comisión Especial del Salario Mínimo aprobó en marzo de 2006 incrementos al salario mínimo de entre 8,4 y 11 por ciento.

El incremento benefició a por lo menos 500.000 trabajadores no organizados en el país.