El juez Wilfredo Alfaro, del Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, resolvió favorablemente la solicitud que la Procuraduría General de Honduras presentó el pasado miércoles para obligar a la Distribuidora de Productos del Petróleo S.A. (DIPPSA) a entregar sus terminales.

Una abogada de la Procuraduría, Tania Mejía, informó a los periodistas de que Alfaro "ha admitido el requerimiento que se interpuso y ha dado 48 horas para que la sociedad obligada proceda a dar cumplimiento a la obligación".

Explicó que la Procuraduría y el Juzgado van a "practicar" lo ordenado por Alfaro y hacer que DIPPSA entregue sus terminales de almacenamiento de combustibles en el Caribe y el Pacífico hondureño.

El presidente hondureño, Manuel Zelaya, confirmó recientemente a la prensa que la Esso tiene una participación del 50 por ciento en la terminal de DIPPSA en el puerto de San Lorenzo (Pacífico).

El gobierno de Zelaya requiere las terminales de DIPPSA para que la compañía estadounidense Conoco Phillips, ganadora en 2006 de una licitación para importar combustibles, almacene sus productos.

La Conoco Phillips no ha firmado el contrato con el gobierno porque no tiene terminales.

El gobierno pidió la intervención judicial, después de fracasar el martes las negociaciones con el presidente de DIPPSA, Henry Arévalo, para el alquiler de los depósitos de combustible.

Según la procuradora general de Honduras, Rosa Miranda, se pidió al Juzgado "declarar a la empresa en mora del cumplimiento de una obligación con el Estado", fijada en una cláusula del contrato de concesión, "y que ponga las terminales a disposición del Estado".

Esa cláusula establece que el Estado podrá disponer con fines de utilidad pública de las terminales de DIPPSA, mediante el pago de un justiprecio.

Las actuaciones contra la empresa se derivan de un decreto que Zelaya emitió el 13 de enero pasado, en el que establece que el gobierno intervendrá las petroleras con fines de utilidad pública.

La decisión de Zelaya desató una polémica con el embajador de EEUU en Honduras, Charles Ford, quien la calificó de "expropiación" y señaló que no la respaldaba ninguna declaración de emergencia.

Además, el decreto provocó la huida del país de ejecutivos de varias trasnacionales petroleras, temerosos de sufrir represalias.

Posteriormente, el gobierno aclaró que la intervención no significaba nacionalización o expropiación, como temían la embajada de Estados Unidos y las empresas multinacionales, que finalmente aceptaron continuar con la distribución local de carburantes.

El gobierno realizó la licitación, en un intento de lograr una rebaja en los precios de los combustibles, que fue una promesa electoral del mandatario.

Pero Zelaya reconoció la semana pasada a la prensa que la licitación no ha producido ni producirá ninguna rebaja en los precios de los combustibles y advirtió que la Conoco Phillips los traerá a precios de mercado.

Las rebajas registradas en las últimas semanas han sido producto del abaratamiento del petróleo en el mercado internacional y de que el gobierno cambió la fórmula para fijar los precios locales, medida que quitó algunos cargos que cobraban las trasnacionales, recordó.