Tegucigalpa - Este lunes será decisivo para que el gobierno pueda llegar a un arreglo económico con el empresario Henry Arévalo, propietario de la empresa Dippsa, para asegurar el alquiler de las terminales de combustibles, de lo contrario la licitación internacional terminará en un rotundo fracaso con el consecuente desprestigio para la administración de Manuel Zelaya.

La semana anterior la empresa estadounidense Conoco Phillips, adjudicataria de la licitación internacional, condicionó la firma del contrato para proveer el combustible al Estado hondureño a cambio que el Poder Ejecutivo pueda tener la venia de Dippsa para utilizar su facilidades de almacenamiento.

Sin embargo, el gobierno anunció que, de no consensuar con Dippsa la utilización de sus depósitos en el Pacífico y en el Atlántico, se acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para hacer valer la cláusula de la concesión que el Estado le otorgó a esa empresa para operar sus tanques de almacenamiento en terrenos estatales.

La falta de un arreglo obedece al hecho que Arévalo exige 0.6 centavos de dólar por barril para el uso de sus tanques, pero el Ejecutivo hondureño solo le ofrece 0.3 centavos, lo que ha empantanado las negociaciones y ha orillado al gobierno a invocar una cláusula que le permite intervenir los depósitos en caso de una emergencia nacional.

Conoco Phillips, en tanto condiciona la firma del contrato a la disponibilidad inmediata de las terminales de almacenamiento, pero ahora, además, pide que exista un arreglo con Dippsa, de lo contrario no firmará con el gobierno.

Según fuentes cercanas al proceso, Conoco estaría siendo presionada por el gobierno Estadounidense para retirarse del proceso de licitación para no afectar los intereses norteamericanos en el país, lo que obligaría a la actual administración gubernamental a declararlo fracasado.

Según cifras de la propia embajada de Estados Unidos, el gobierno ha erogado más de cuarenta millones de lempiras en el pago de consultores y otros gastos para lograr llevar a cabo esta licitación de carburantes, lo que para muchos es un proceso oneroso que no dejará los resultados esperados.

Gobierno incumplió
Entrevistado por Proceso Digital, el sacerdote Rafael Alvarado, miembro de la comisión de testigos, responsabilizó al gobierno por el atraso que sufrido el proceso y señaló que el mismo se ha dilatado porque el Poder Ejecutivo no ha cumplido con los plazos dados por Conoco Phillips para finiquitar el contrato e iniciar la provisión de los combustibles.

“No es Conoco que se esté haciendo para atrás, simplemente la empresa defiende sus intereses y siente que el gobierno no ha actuado con las presteza que debía; entonces se pone más exigente, así que finalmente la responsabilidad es del gobierno que no ha actuado con la premura, claridad y decisión que hacía falta”, dijo.

El religioso, que representa al cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la Comisión de Testigos, dijo que si la licitación fracasa la responsabilidad será completamente del gobierno de Manuel Zelaya y eso, según pronosticó, traerá desencanto, frustración e incluso una posible convulsión social al país.

“Yo creo que este gobierno actual, en parte llegó hasta donde se encuentra porque el pueblo confió en sus promesas de campaña y le entregó el voto, y con las acciones que tomó el 13 de enero, de alguna forma, confirmó su decisión de cumplir las promesas de campaña, pero si resulta que no cumple con este proceso el pueblo no entiende explicaciones, únicamente entiende que no se logró y eso es frustración, coraje y descomposición social”, advirtió.

Una estrategia
Por su lado, la coordinadora de la Coalición Patriótica , Juliette Handal, no ocultó su malestar por la forma en que el gobierno manejó el tema en los últimos días y se atrevió a revelar que todo esto apunta a una estrategia bien montada por el Ejecutivo, la empresa privada y la embajada de EE UU para hacer fracasar el proceso.

“Quiero decirle al pueblo hondureño que no hay justificación alguna para declarar la licitación desierta ni fracasada, si Conoco no ha venido no ha sido por su culpa, sino del mismo gobierno que no ha preparado las condiciones para que Conoco venga”, manifestó en una entrevista a Proceso Digital.

Dijo que el gobierno sabía que desde diciembre debía tener listas las terminales de almacenamiento, pero nunca quiso actuar a sabiendas que las tierras que ocupan los depósitos de Dippsa son propiedad del Estado y, además, sus propietarios no tributan ni un cinco por usufructuarlas.

Recordó que Dippsa tiene un contrato con el Estado que vence en el 2011, en cuyas cláusulas se establece claramente que el Estado puede hacer uso de esa infraestructura en caso de emergencia nacional, pero el “gobierno se ha pasado de concertador y conciliador y ha querido alquilarlas al precio correcto 0.3 centavos de dólar, pero este señor quiere 0.6 centavos”.

Por otro lado, Handal cuestionó la falta de transparencia del gobierno al haber contratado, desde noviembre pasado, los servicios de Arturo Corrales Álvarez, teniendo los servicios del consultor norteamericano Robert Meyering y su equipo de colaboradores, quienes son expertos en el tema.

“Es lamentable que a última hora salga un tipo (Corrales Álvarez) queriendo confundir al pueblo hondureño diciendo que no es cierto lo del ahorro y sale también el escándalo de lo embajada en una forma imprudente y objetiva, sabiendo que quien ganó la licitación fue una empresa norteamericana”, criticó.

A su juicio, todo esto apunta a una estrategia bien montada del gobierno para que el proceso fracasara, pero “tomamos nuevamente la palabra del gobierno y ojalá que aplique esa cláusula, porque de otra manera no pueden declarar desierta la licitación y no hay justificación porque hay segundo y terceros postores”.

Denunció que ha habido un complot de las transnacionales y la embajada de Estados Unidos en contubernio con acaudalados empresarios del país para hacer fracasar la licitación.

“Creo que ha habido un complot de hondureños fuertes en el país, empresarios con la embajada de EE UU y con las transnacionales y no quisiera pensar que fuese con el gobierno también, porque el enlace ahí ha sido este señor Corrales que tiene una capacidad de manipular números y es el que le hace el trabajo (sucio) a todos los gobiernos”, señaló.

Entre la espada y la pared
El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, por su lado, dijo que este lunes apelarán “a la conciencia ciudadana y al sentido patriótico del señor Henry Arévalo” a efecto de llegar a un arreglo para el uso de sus terminales de almacenamiento y de esta forma el gobierno pueda cumplir su función de proteger los intereses generales de la población.

Dijo que el gobierno ha recabado estudios y costos de lo que se cobra en el extranjero por estos mismos servicios de almacenamiento de combustibles y en base a éstos esperan llegar a un convenio con el señor Arévalo y “así nos pueda colaborar para superar este impasse”.

Flores Lanza indicó que hasta ahora el gobierno no ha querido actuar haciendo uso de la fuerza para hacer utilizar las terminales, pero advirtió que de no alcanzar un acuerdo se acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para obligar a Dippsa a alquilar sus depósitos a precio de costo.

“O llegamos a un arreglo o acudimos a la vía judicial, esa es la decisión del gobierno, no podemos seguir alargando este proceso de forma indefinida, de manera que mañana (hoy lunes) vamos a tomar todas las acciones necesarias para llegar a un arreglo con el señor Arévalo para hacer valer un derecho que el pueblo hondureño tiene y una obligación que el señor Arévalo adquirió”, afirmó