En su exposición,
Núñez defendió la supuesta transparencia con la
que se manejo la licitación de 330 millones de billetes de diferente
denominación e insistió que la empresa Ciccone Calcográfica
fue descalificada porque no cumplió con varios requisitos de
las bases de licitación.
Como se recordará, la empresa argentina demandó al estado
de Honduras ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, porque
a su juicio violentó la Ley de Contratación del Estado
al desestimar su oferta económica y adjudicar la emisión
de los billetes a tres empresas europeas y canadienses que presentaron
una oferta 5.2 millones de dólares mayor a la suya.
Al respecto, la titular del BCH aseguró a los legisladores que
Ciccone presentó un certificado de calidad ISO 9000 vencido desde
hace tres años. Además, no especificó el peso,
el número de las resmas de papel y la calidad de la tinta que
sería utilizada en la producción de los billetes
Señaló que el directorio del Banco Central bien pudo adjudicar
la compra de los billetes en forma directa, pero en aras de la transparencia
se sometió a una licitación privada en la que participaron
cuatro empresas, entre ellas Distribuciones SAM, representante en Honduras
de Ciccone Calcográfica.
Sobre eso, los representantes de Ciccone, quienes la semana pasada
formalizaron su denuncia ante
los órganos contralores del Estado, aseguran que los documentos
y los demás requisitos, fueron presentados en legal y debida
forma, sin embargo, no fueron considerados y otros desparecieron misteriosamente.
Durante su exposición en el Congreso, la presidenta del BCH fue
cuestionada por el colectivo parlamentario del izquierdista Partido
Unificación Democrática (UD) porque aparentemente
fue nombrada irregularmente
en la titularidad de la institución, ya que en ese momento ocupaba
un cargo directivo en el Partido Liberal.
El artículo 9 de la Ley del banco Central prohíbe a cualquiera
de sus miembros directivos pertenecer a la cúpula de cualquier
partido político con el fin de mantener la apoliticidad de la
institución, no obstante, la denunciada alegó que pidió
un permiso temporal en la pasada convención del Partido Liberal,
el cual fue aceptado.
“No soy miembro pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido
Liberal”, arguyó, tras agregar que nunca ha utilizado fondos
de la institución que dirige para promocionar su imagen u otras
actividades políticas.
El diputado Rodolfo Zelaya dijo que estaba parcialmente satisfecho con
la exposición de la presidenta del BCH, ya que esperaría
escuchar las otras partes, incluso a los representantes de la empresa
denunciantes.
Señaló que antes de descartar cualquier irregularidad
en la licitación esperará el informe final que presentarán
al seno de la Cámara Legislativa los miembros de la Comisión
de Bancos y Seguros, quienes están encargados de investigar la
forma en que se adjudicó la emisión de los 330 millones
de billetes de lempira.
En similares términos se pronunció la diputada de la UD
, Doris Gutiérrez, quien consideró que antes de hacer
cualquier valoración final se debe escuchar a las partes afectadas
en el proceso licitatorio.
Gutiérrez mantiene su posición de que la presidenta del
BCH fue nombrada irregularmente en el cargo porque ocupaba un cargo
directivo en su partido.
Cabe resaltar que al cabo de la comparencia, Núñez fue
aplaudida por un nutrido grupo de diputados del oficialismo.