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Gobierno asegura que no se trata de una “nacionalización
o expropiación” de las propiedades de las transnacionales
petroleras.
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Pide al Ministerio Público y la Procuraduría investigar
el desabastecimiento de los últimos días.
Tegucigalpa
- El presidente Manuel Zelaya Rosales informó que obligará
a las petroleras trasnacionales estadounidenses que operan en el país
a alquilar sus tanques de almacenamiento al Estado a fin de ponerlos al
servicio de la empresa Conoco Phillips adjudicataria de la licitación
de carburantes.
El gobierno ordenó anoche la “utilización temporal”
de las terminales de almacenamiento de combustibles de las compañías
para garantizar el suministro de los energéticos a la población,
al tiempo que decretó una rebaja de, al menos, ocho lempiras al
precio de las gasolinas a partir de este domingo 14 de enero.
Estas y otras medidas, refrendadas mediante un decreto ejecutivo de vigencia
inmediata, fueron anunciadas por el propio presidente, Manuel Zelaya Rosales,
al cabo de una kilométrica reunión de Consejo de Ministros,
que inició en horas de la mañana y culminó al filo
de las 8:00 de la noche del sábado.
La nueva rebaja, efectiva a partir de este domingo a las 6:00 de la mañana,
quedó de la siguiente manera: en San Pedro Sula la gasolina superior
se reduce en 8.08 lempiras, la gasolina regular 4.60, el diesel 4.71 y
el cilindro de gas LPG 3.38.
En tanto en Tegucigalpa, la capital del país, la gasolina superior
experimentará una reducción de 7.85 lempiras, la regular
4.37, el diesel 4.56 y el cilindro de gas LPG 3.42 lempiras.
Se trata de “la utilización temporal de las instalaciones”
de las petroleras y pagarles un “justiprecio” por este servicio,
dijo el presidente, quien en tono jocoso dijo que “no se trata de
una nacionalización”.
“No es una nacionalización es una utilización temporal
de las terminales de almacenamiento, mediante el pago de un canon y un
justiprecio a las transnacionales”, afirmó.
Seguidamente y frente a los cuestionamientos de la prensa, en tono de
broma Manuel Zelaya dijo que la presencia de Jorge Arturo Reina, su ministro
de Gobernación, no representa una medida de nacionalización.
Zelaya aseguró que con estas medidas el gobierno pretende garantizar
el suministro de combustibles a la ciudadanía y arguyó que
el Estado simplemente está ejerciendo su derecho de utilizar las
terminales de almacenamiento con fines de utilidad pública y mediante
el pago de un justiprecio a sus propietarias.
Sin embargo, representantes de las transnacionales arguyeron anoche mismo
que se trata de una “expropiación indirecta” de las
mismas.
Otras disposiciones
El mandatario indicó que otras de las medidas adoptadas en el Consejo
de Ministros es que el Estado creará las condiciones de competencia
para liberalizar el mercado de los combustibles en el territorio hondureño
y también continuar con la construcción de sus propias terminales
de almacenamiento.
Asimismo, se acordó pedir al Ministerio Público y la Procuraduría
General de la República que se investigue las causas del desabastecimiento
en las gasolineras que tuvo lugar en los últimos días y
que se proceda de conformidad a la ley a castigar a los responsables por
“delito a la economía nacional”.
El jefe de gobierno apuntó que las compañías importadoras
le han estado negando a los hondureños la oportunidad de un acuerdo
para mejorar las condiciones del mercado de los combustibles y resaltó
que estas disposiciones son los primeros efectos de la licitación
de los derivados del petróleo.
Dijo que las empresas importadoras que tengan contratos con el estado
de Honduras tendrán que dialogar y ponerse de acuerdo con el gobierno
para determinar el precio justo por el uso de sus terminales de almacenamiento.
Por su lado, el secretario de la Presidencia, Yani Rosenthal, indicó
que las medidas antes enumeradas son “disposiciones soberanas”
y que con la utilización de las capacidades de almacenamiento simplemente
se está haciendo acopio al derecho contractual establecidos con
las importadoras años atrás.
Negó que no se trata de la nacionalización de las capacidades
de almacenamiento y aseguró que el gobierno está respetando
la propiedad privada.
Por su parte, el ministro asesor, Enrique Flores Lanza, se expresó
en similares términos e indicó que “el gobierno está
ejerciendo su derecho soberano de tomar las instalaciones de las trasnacionales
petroleras Texaco, Shell, Esso y Dipssa.
En torno a la posibilidad de llegar a convenios con las empresas petroleras
que han operado en Honduras, el ministro manifestó que “no
hay negociación, el Estado está haciendo uso de su derecho
soberano y serán los técnicos los que determinen los precios
justos que se les pagará por el almacenaje a las trasnacionales.
Asimismo, Flores Lanza dijo que el poder Ejecutivo exigirá a la
Procuraduría y a la Fiscalía de la República que
investiguen lo relacionado al reciente desabasteciendo de carburantes
que se ha dado en varias regiones del país, especialmente en San
Pedro Sula. |