• La diputada de la UD, Doris Gutiérrez, aseguró que familias de mucho poder económico del país están detrás de las compañías beneficiadas con la irregular licitación de billetes

Tegucigalpa - La diputada de la Unificación Democrática, Doris Gutiérrez, anunció hoy que solicitarán a la Cámara Legislativa una investigación de la licitación, supuestamente amañada, que el Banco Central de Honduras (BCH) concedió a tres empresas extranjeras para la emisión de 330 millones de billetes de diferente denominación.

Se estima que mediante esta licitación el Estado de Honduras perderá alrededor de 5.2 millones de dólares, es decir, unos 96 millones, ya que el BCH adjudicó la emisión de los billetes a un grupo de tres empresas canadienses y francesas por un monto global de 13 millones de dólares, la oferta más alta.

La adjudicación se efectuó el 30 de octubre de 2006 en el salón Juan Manuel Gálvez del BCH y posteriormente fue ratificada mediante resolución 455-12/2006 del 7 de diciembre del mismo año. En esa misma fecha la secretaría del BCH libró comunicación de la resolución a cada uno de los oferentes.

Por este caso la empresa argentina Ciccone Calcográfica S.A, que en Honduras es representada por la compañía Representaciones y Distribuciones SAM S de RL de CV, presentó una formal demanda contra el Estado de Honduras ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a la demandante, las autoridades del BCH favorecieron a las demás oferentes y desestimaron su oferta económica para la emisión de la citada cantidad de billetes, pese a que su propuesta significaba un ahorro de más de 96 millones de lempiras para el Estado hondureño.

A juicio de los afectados, con esta decisión las autoridades del BCH pasaron por alto la Ley de Contratación del Estado bajo el argumento que la empresa Ciccone Calcográfica no presentó varios documentos requeridos en las bases de la licitación.

Sin embargo, los representantes legales de la compañía argentina aseguraron que los documentos requeridos se presentaron en “legal y debida forma” y más bien denunciaron que alguna de la documentación que ellos hicieron llegar se extravió misteriosamente.

UD se une a la denuncia
A la denuncia de los afectados se unió hoy el colectivo parlamentario de la Unificación Democrática (UD), que a través de la diputada Doris Gutiérrez, informó que tienen en su poder la documentación que confirma las presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación.

“Tenemos en nuestro poder cinco documentos, en donde encontramos todo el proceso que se ha seguido en esta licitación y hay pues algunas inconformidades, en el sentido de que una de las empresas licitó por una cantidad, mediante la cual el Estado de Honduras podría ahorrarse 90 millones de lempiras en la impresión de todos estos billetes”, dijo Gutiérrez.

Según la parlamentaria, al parecer la licitación fue consignada a los mismos de siempre, es decir, a las mismas compañías que en el pasado han monopolizado la emisión de la moneda hondureña. “Tenemos información de que algunas familias de empresarios hondureños, tienen vinculación con las empresas a las que ha sido asignadas”, afirmó.

La legisladora indicó que a raíz de las anomalías detectadas el colectivo de la UD pedirá a la Comisión de Banca y Seguros del Congreso Nacional que investigue esta situación, en vista de que también el Estado de Honduras podría ser demandado por no cumplir con las normativas que rigen este tipo de licitaciones.

“Entiendo que una de las empresas, incluso, cumplió con todas las subsanaciones a las cuales fue demandada que lo hiciera; pero sin embargo pues tampoco fue favorecida”, aseveró.

Gutiérrez aclaró que el interés de su denuncia no es beneficiar a ninguna de las empresas que participó en el proceso ni tampoco tienen una motivación política, sectaria o económica, sino que el Estado hondureño pueda ahorrarse esta significativa cantidad de recursos que pueden servir para atender otras necesidades de la población.

“Lo que nos interesa es que la administraciones sean transparentes y que bueno, si el Estado de Honduras se puede ahorrar 90 millones de lempiras, que pudiesen ser utilizados en otro tipo de acciones, de carácter social, educación y en Salud, que es lo más lógico y lo más correcto”, agregó.

Por otro lado, la diputada confirmó que la semana entrante arribará a Honduras una comitiva de ejecutivos de la empresa afectada con el fin de formalizar su denuncia ante los órganos contralores y fiscalizadores del Estado.

Finalmente, indicó que sería lamentable que el Estado de Honduras, además, de perder 96 millones de lempiras en esta licitación, tuviera que pagar una demanda millonaria por no haber hecho un proceso en legal y debida forma.