"El papel del Consejo de Defensa del Estado es importante (...). Debería tener más interés en esto porque son platas fiscales. Nosotros somos querellantes particulares, pero quien debe sostener la acción fundamental es el Consejo de Defensa del Estado. Espero que ellos lo hagan", insistió Insunza.

El abogado lamentó, asimismo, la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que el miércoles revocó los procesamientos de varios miembros de la familia Pinochet al considerar que no se configuraba la complicidad en la evasión tributaria que se indagaba contra el militar.

"El problema es que si seguimos así van a volver las propiedades a la familia Pinochet, se van a repartir entre los herederos los 5.000 millones de pesos (9,3 millones de dólares, 7 millones de euros) que están incautados y no se van a investigar otras aristas que podrían explicar el enriquecimiento ilícito de Pinochet", agregó el letrado.

Cuando falleció el pasado 10 de diciembre, Pinochet estaba procesado por fraude tributario y utilización de pasaportes falsos, y había sido desaforado por malversación de fondos públicos.

En su resolución, el tribunal de alzada sólo dejó en firme los procesamientos del ex albacea Oscar Aitken, como cómplice de evasión tributaria, y de Marco Antonio Pinochet, como autor de declaraciones tributarias maliciosamente incompletas.

Quedaron exonerados como cómplices de fraude tributario y uso de pasaportes falsos la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart; sus hijos Lucía, Verónica, Jacqueline y Marco Antonio Pinochet Hiriart, y la esposa de este último, Soledad Olave, y otros colaboradores.

Insunza, que es querellante en varias causas de violaciones de los derechos humanos, atribuyó este "retroceso" a que el juez al cargo de la causa, Carlos Cerda, ha tenido poco tiempo para investigar debido a los continuos recursos que la defensa de Pinochet presentó contra él y que le mantienen temporalmente fuera del caso.

El abogado precisó que desde agosto de 2005 Cerda no ha podido investigar la parte relacionada con la malversación de caudales públicos mediante el uso de gastos reservados de la Casa Militar, que fueron sacados de Chile de manera irregular.

"Espero que más adelante retome (las pesquisas) el juez Cerda, porque se han rechazado todas las quejas e implicaciones en su contra, y se investigue esa arista donde seguramente van a existir muchos procesados y eventualmente algunos familiares", añadió el abogado.

Alfonso Insunza dijo que es imposible explicar cómo un funcionario público, que a lo largo de su vida ganó 1,5 ó 2 millones de dólares (1,1-1,5 millones de euros) pueda haber ahorrado los 27 millones de dólares (20 millones de euros) que se calcula dejó en cuentas en el extranjero. EFE