Casi
4.000 mujeres asesinadas
en la región desde el 2002
| 26 de Octubre de 2006 Tegucigalpa - Casi 4.000 centroamericanas han sido víctimas desde el 2002 "de muertes intencionales y violentas" por el hecho de ser mujeres, según un estudio sobre el tema presentado hoy en Tegucigalpa. |
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El "Primer
informe sobre femicidios en la región centroamericana" fue
elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
y el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH).
El estudio fue presentado por el comisionado adjunto de los Derechos Humanos en Honduras, Daniel Castillo, quien expuso la preocupación de los organismos regionales de derechos humanos por el creciente aumento de este tipo de muertes en la región.
"Es una problemática que está adquiriendo características de epidemia en algunos países de la región centroamericana", añadió.
Según el estudio, entre los años 2002 y 2006 se han registrado 1.398 "femicidios" en Guatemala, 1.320 en El Salvador, 613 en Honduras, 315 en Nicaragua, 146 en Costa Rica, 188 en Panamá y 8 en Belice.
La investigación reveló que la mayoría de las mujeres murió a consecuencia de heridas con armas de fuego, armas blancas, asfixia, decapitadas, descuartizadas, estranguladas, quemadas, golpeadas o torturadas.
Entre los agresores se identifican a compañeros de hogar, ex compañeros, vecinos, familiares, novios, miembros de pandillas armadas o de grupos ligados al narcotráfico.
Castillo dijo que estos son casos que ocurren en diferentes lugares, desde el interior del hogar hasta en lugares públicos, y que tienen en común "que se dan en el marco de una discriminación hacia la mujer por condiciones de vulnerabilidad".
Señaló también que la mayoría de estos casos quedan en condiciones de impunidad.
"Esto lo que indica es que estamos generando una cultura en la cual de manera natural estamos violentando los derechos de las mujeres, y lo peor del caso es que ellas no se han dado cuenta y se han acostumbrado a ese tipo de violencia", comentó.
Para frenar este fenómeno se requiere "que iniciemos un proceso preventivo, de educación, de formación de las mujeres, de los hombres, de los niños y las niñas, y propiciemos las estructuras judiciales para poder castigar a quien comete este tipo de delitos", añadió.