Uno de
los miembros de la Alianza , dijo que se recibió un anónimo
en Radio Santa Rosa y que algunos amigos de monseñor Luis Alfonso
Santos le han informado que debe estar preparado porque hay personas
interesadas en hacerle algún daño que puede ser físico
o de otras formas.
“No queremos precisar que sector es el responsable de las amenazas
porque la agenda de la Alianza implica once puntos, lo que indica que
son diferentes intereses, que van desde la minería hasta los
temas de los pueblos indígenas, entonces no queremos pecar en
las imprecisiones, en señalamientos que no van en este momento”,
expresó.
El representante de la Alianza, cuyo nombre no se precisó por
motivos de seguridad, no descartó que las amenazas vengan de
sectores vinculados a cualquiera de los temas que están manejando
en la agenda.
La Alianza agradeció la solidaridad del Comisionado, luego de
emitir un comunicado de respaldo y de solicitar al gobierno que “adopte
las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad física,
psíquica y moral de las personas que se sienten amenazadas por
defender el derecho a un medio ambiente sano”.
El CONADEH urgió de las autoridades competentes la debida investigación
del caso para dar con los responsables de las amenazas contra el Obispo
de Copán y otros miembros de la Alianza Cívica.
El próximo 02 de octubre, el Comisionado de los Derechos Humanos,
Ramón Custodio, se reunirá con los miembros de la Alianza
Cívica para escuchar sus planteamientos y darles a conocer el
resultado preliminar de la investigación.
La Alianza Cívica por la Democracia exige la abolición
del decreto 292-98, que contiene la Ley General de Minería; la
aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública ; que no se construya la Represa Hidroeléctrica
El Tigre; cancelar los permisos de explotación forestal en el
Occidente de Honduras y aprobar la Ley Forestal , Áreas Protegidas
y Vida Silvestre.
Asímismo, la Alianza exige la pavimentación de las carreteras
San Marcos – Virginia y desvíos a las cabeceras municipales,
el tramo Gracias – La Esperanza, el de la Esperanza-San Antonio
Intibuca, desvió a Sensenti. Además, exigen la apertura
de tramo Tomalá – Guanajulque y la remoción del
diputado Arnoldo Avilés de la Comisión de Dictamen de
la Ley de Minería.
El pasado 24 de agosto de 2006, el Presidente de la República
y su gabinete se reunieron con la Alianza Cívica por la Democracia
para encontrarle soluciones a las demandas planteadas.
Sobre la petición de la Alianza para que se abandone el proyecto
de construcción de la Represa el Tigre, el gobierno mantiene
su determinación de realizar consultas y estudios en la zona,
para tomar una decisión en base a estos elementos.
Con relación a que se emita un decreto de veda a la explotación
comercial e industrial del bosque a nivel nacional, el gobierno mantiene
su posición de decretar vedas en sectores donde se amerite.
Ante la petición de derogar la Ley de Modernización Agrícola,
el gobierno es del criterio que la misma debe reformarse y finalmente,
con relación a que se derogue la Ley de Minería, el gobierno
está a la espera de la declaración de inconstitucionalidad
solicitada ante la Corte Suprema de Justicia, desde el 10 de marzo del
2006.