Medidas de seguridad no evitaron atentados de Madrid y Londres

Nada más ocurrir los atentados contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre del 2001, los Gobiernos de España y el Reino Unido, el conservador de José María Aznar y el laborista de Tony Blair, reunieron a sus gabinetes de crisis.

Aznar mostró su "apoyo y solidaridad" al presidente estadounidense, George W. Bush, y Blair prometió luchar "codo con codo" junto Estados Unidos en la "guerra contra el terrorismo".

En el plano internacional, ambos países fueron aliados desde el primer momento de EEUU en su intervención en Afganistán para acabar con el régimen talibán, acusado de dar soporte a Al Qaeda, y en la criticada invasión del Irak de Sadam Husein, acusado de poseer armas de destrucción masiva y de supuestos vínculos con la red del saudí Osama Bin Laden.

En el plano interno, ambos países reforzaron las medidas de seguridad, los efectivos dedicados a la investigación del terrorismo islámico y las operaciones policiales, aunque los británicos fueron más lejos con la modificación de sus leyes antiterroristas.

El Gobierno de Blair sintió lo ocurrido el 11-S como una amenaza directa y temió un ataque contra Londres, que Scotland Yard llegó a calificar de "inevitable".

Sin embargo, el primer gran atentado del terrorismo islámico internacional en suelo europeo ocurrió en Madrid.

El 11 de marzo del 2004, 191 personas murieron y casi 1.800 resultaron heridas al explotar varios artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Los atentados, que sembraron de horror las calles de Madrid, se produjeron tres días antes de la celebración de elecciones generales en el país, en que las que venció el opositor Partido Socialista. Una de las principales quejas del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya primera decisión fue sacar las tropas de Irak, fue la falta de previsión del Ejecutivo anterior ante la posibilidad de un atentado perpetrado por fanáticos islámicos.

Veintinueve personas, quince marroquíes, nueve españoles, dos sirios, un egipcio, un argelino y un libanés, han sido procesadas por un juez español, que atribuyó la autoría de los atentados al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM).

En Londres, el Gobierno laborista puso desde un primer momento en el punto de mira de sus medidas antiterroristas al integrismo islámico.

Con la oposición de los grupos de derechos humanos y parte de sus propias filas, que la calificaron de "draconiana", el Gobierno sacó adelante la ley antiterrorista de 2001, que permitía la detención indefinida y sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo.

Diecisiete personas estuvieron detenidos sin cargos al calor de esa ley, algunas durante más de tres años, hasta que la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido, la declaró ilegal el 14 de diciembre de 2004.

Ante el varapalo judicial, el Gobierno presentó con carácter de urgencia la Ley de Prevención de Terrorismo de 2005, aprobada en marzo de ese año, que prevé la aplicación de "órdenes de control" a sospechosos de terrorismo, una suerte de arresto domiciliario sin cargos cuestionado también por la Justicia pero aún en vigor.

Junto a las medidas legales, el Gobierno de Blair reforzó la seguridad en el Reino Unido, tanto en los transportes como en los principales edificios públicos.

Además se incrementaron las operaciones policiales en las que se detuvieron a unos 700 sospechosos entre el 11-S y el 7 de julio de 2005, cuando cuatro jóvenes británicos, tres de origen paquistaní y uno de origen jamaicano, hicieron explotar otras tantas bombas en tres vagones de metro y un autobús urbano de Londres.

Un año después de los ataques, que causaron la muerte de 56 personas, incluidos los cuatro suicidas, y más de 700 heridos, la Policía no ha podido formular cargos contra nadie en relación con la matanza y el Gobierno británico no ha encontrado rastro del supuesto apoyo de la red terrorista Al Qaeda a los autores. EFE