Esa empresa
de seguridad ha sido demandada por violentar los derechos de muchos
empleados que a través de la Asociación para una Sociedad
más Justa (ASJ), han presentado 12 acciones judiciales en la
instancia legal competente.
En representación de los empleados afectados en sus derechos,
el abogado Dionisio Díaz solicitó al Juzgado Primero de
Letras del Trabajo que enviara comunicación a la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI), prohibiendo la celebración de actos
y contratos en siete vehículos propiedad de Delta.
Luego, pidió a la misma instancia judicial embargar dichos vehículos
para garantizar el pago de los derechos laborales de 12 ex guardias
que hace un año esperan el cumplimiento de sus derechos.
El juzgado competente, a petición del abogado de la ASJ, procedió
a decomisar uno de los carros, nombrando a Omar Torres como juez ejecutor.
La diligencia se concretó la semana anterior, levantando la correspondiente
acta de embargo, nombrando como depositario del vehículo al abogado
Díaz García.
Extrañamente, al día siguiente hombres armados irrumpieron
un estacionamiento privado donde estaba el vehículo y se lo llevaron
a la fuerza. Y ahora, Delta denunció ante la DGIC tanto al juez
ejecutor como a Díaz García, por los delitos de Hurto,
Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios.
Al mismo tiempo, publicitó la denuncia en los medios informativos
del país.
A raíz de la acción de Delta, el juez ejecutor declaró
el 31 de agosto en la DGIC, donde afirmó ante un agente encargado
del caso y a los periodistas, que “la denuncia presentada carece
de veracidad porque él sólo estaba cumpliendo con una
diligencia emitida por el Juzgado del Trabajo”.
Entre los documentos presentados por el funcionario del Poder Judicial
se detalla una solicitud de embargo.
También entregó un auto de embargo, un personamiento del
apoderado legal de la empresa Delta solicitando nulidad del embargo;
un auto donde la Juez deniega esa solicitud y un acta de embargo de
uno de los vehículos de la compañía de seguridad,
entre varios documentos que dejó para que se anexaran a sus declaraciones
ante el organismo de investigación.
Torres dijo que la denuncia no es contra él sino que se pone
en entredicho a todo el Poder Judicial, lo cual no es correcto puesto
que la Jueza del Juzgado que él representa estaba plenamente
enterada de sus actuaciones y había admitido el embargo correspondiente.
“Sólo di cumplimiento a la orden del Juzgado Primero de
Letras del Trabajo”, señaló Torres.