Gobierno recula y no cierra programa antipandillas

El citado programa, del cual dependen más de una docena de organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños y jóvenes infractores, prácticamente fue asfixiado financieramente por la actual administración, pues en lo que va del año no se le traspasaron los 7 millones de asignación presupuestaria.

Hasta la fecha el PNP operó sin ningún presupuesto, lo que dio lugar al despido y la renuncia de la mayoría del personal técnico que trabajaba en las actividades de rehabilitación de los ex mareros, y los únicos cuatro empleados que quedaron lo hicieron sin devengar ningún salario en los últimos siete meses.

A la fecha el programa arrastra una deuda de 1.017,296.14 lempiras en concepto de salarios y compromisos administrativos.

En un reportaje especial publicado en mayo pasado, Proceso Digital retrató la agónica situación del programa y recogió el testimonio del personal y los representantes de las organizaciones afectadas por la inoperancia gubernamental.

Como ocurre cada vez que asume un gobierno de diferente partido político, ésta vez volvió a primar el interés sectario, ya que el gobierno despidió al secretario ejecutivo, Guillermo Jiménez, un especialista en el tema de rehabilitación, y en su lugar nombró a Nolvia Cruz Alvarenga.

En su último día en el cargo, Jiménez entregó la administración del programa a la nueva directora designada por el presidente Zelaya.

Al acto de traspaso de los bienes, recursos, proyectos y convenios suscritos por la entidad en los últimos dos años, acudieron los representantes de diversas organizaciones que trabajan en la atención a niños y jóvenes en riesgo social, entre ellas, sor María Rosa, presidenta de la Sociedad Amiga de los Niños.

“Hoy hacemos el traspaso de la antorcha a una nueva administración, con la esperanza de superar la existente”, dijo Jiménez, quien indicó que en un acto de transparencia se invitó a la Fiscalía General de la República y a los medios de comunicación a ser testigos del traspaso del proyecto a las nuevas autoridades.

Guillermo Jiménez.

“Hacemos un llamado al gobierno y a todos los sectores de la sociedad para invertir más recursos en la prevención de la violencia, la rehabilitación e inserción social; esto traerá beneficios sociales, humanos y económicos a Honduras” agregó. El ex funcionario aseveró que tiene la esperanza que con una nueva administración, el proyecto tenga el apoyo del Poder Ejecutivo y que se respete la estabilidad laboral del personal de la institución o que, en su defecto, se cumpla con los compromisos laborales y los sueldos que han dejado de devengar.

Jiménez lamentó que el gobierno prescinda del personal que hasta ahora venía laborando en el PNP, porque se perderá la inversión que hizo el Estado en su preparación.

Apuntó que por ahora no están considerando demandar al Estado, pero si el gobierno se niega a pagarles los derechos laborales que por ley les corresponden, no descartó acudir ante los tribunales de trabajo del país.

“Hasta ahora ha habido una indiferencia gubernamental y una brecha entre el discurso y los hechos; yo creo que la sociedad civil y los medios de comunicación debemos seguir presionando para que el programa cumpla con su papel de gestor de política pública para la prevención de pandillas, porque sino la población afectada por la violencia y las maras será marginada”, apuntó.

Nuevas autoridades

La nueva directora del PNP, Nolvia Cruz Alvarenga, dijo que cuenta con el apoyo del presidente de la República y espera que en los próximos días se liberen los fondos retenidos para continuar con los proyectos que ejecuta la institución y hacer los desembolsos a las organizaciones y cumplir con los compromisos financieros.

Nolvia Cruz Alvarenga.

“Vamos a darle al programa un enfoque integral y vamos a pedir el apoyo de todas las instituciones, tanto de las municipalidades, comunidades, iglesias y entes no gubernamentales del sector privado para lograr los objetivos para el cual fue creada la Ley de Rehabilitación”, dijo. Alvarenga no quiso referirse a la permanencia o despido del personal que ha quedado en la institución, aduciendo que hasta hoy toma posesión del cargo y desconoce la situación laboral de ellos. “Tenemos que conocer primero con que personal se cuenta y si están contratados por acuerdo o contrato”.

Dijo que los programas que fueron cerrados en los últimos meses, entre ellos, el de eliminación de tatuajes serán retomados y se les dará seguimiento a los que han culminado y los que se encuentran en fase de ejecución.

Por su lado, el administrador de Casa Presidencial, Jorge Martínez, dijo que se revisará la situación legal de todos los contratos de trabajo y si estos se otorgaron en base a ley serán pagados de lo contrario no se hará.

Por su lado, Sor María Rosa espera que el gobierno brinde el apoyo necesario al PNP y que se desembolsen los fondos a cada una de las instituciones que trabajan en la rehabilitación de niños y jóvenes en riesgo social.

Explicó que la organización que ella dirige atiende a más de 3,000 niños en sus diferentes centros, y en sus cuarenta años de historia ha ayudado y educado a alrededor de 60,000 menores de edad, pero lamentó que desde hace seis meses el gobierno dejó de ayudarla. La religiosa recordó que a principios de año recibió una ayuda de 300,000 lempiras, pero después la ayuda para su institución se suspendió porque el gobierno se negado a hacer los desembolsos respectivos.

Guillermo Jiménez entregó los bienes del programa a la nueva secretaria ejecutiva del PNP, Nolvia Cruz Alvarenga.