Por Dagoberto Rodríguez
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Proceso Digital

Tegucigalpa - El presidente Manuel Zelaya en Consejo de Ministros, dio el visto bueno y presentó hoy a la opinión pública las bases de la licitación internacional para la adquisición de combustibles y la construcción de una terminal de almacenamiento, que se prevé estará localizada en la Bahía de Trujillo, departamento de Colón.

En esta misma reunión el gabinete de gobierno aprobó el decreto ejecutivo que crea una comisión especial que auditará y dará seguimiento al proceso, la cual es integrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien actuará como coordinador; el reverendo Oswaldo Canales, Juliette Handal, el empresario Emilio Larach, la periodista Roxana Guevara y el dirigente obrero Daniel Durón.

El gobernante compareció luego en conferencia de prensa con el consultor estadounidense Robert Meyering y algunos de sus ministros y consejeros para ofrecer detalles de la forma en que las bases de licitación serán socializadas con los diferentes sectores del país antes de abrirlas a las empresas oferentes.

Las bases de licitación consisten en dos voluminosos documentos que contienen las reglas que regirá la futura importación de los derivados del petróleo y la edificación de la terminal de almacenamiento, con una capacidad de 2.4 millones de barriles, desde la cual se captará y distribuirá el producto energético a las diferentes regiones del país.

Los borradores fueron preparados por la empresa Suroil, Inc, propiedad del consultor Robert Meyering, y su contenido se basa en practicas internacionales generalmente aceptadas y utilizando el formato, lineamientos y prácticas del Banco Mundial para licitaciones de este tipo.

El consultor y su equipo proponen Puerto Castilla en la Bahía de Trujillo como el lugar idóneo para la edificación de las instalaciones, dada su ubicación estratégica y la profundidad de las aguas que no debe ser menor de los 70 metros por el calado y el tamaño de los buques que atracarán en la misma.

Según uno de los documentos, el gobierno de Honduras pretende establecer las condiciones necesarias para que exista una competencia de mercado sostenible con el fin de lograr un suministro confiable a largo plazo y que cubra las necesidades del país en productos derivados del petróleo al menor costo posible.

“Un objetivo secundario se adquirir lo antes posible una terminal de importación de productos derivados del petróleo refinados apropiada, que una vez en servicio se utilizará para importar la demanda nominal de 14 millones de barriles al año, así como todas las necesidades futuras”.

De acuerdo a uno de los documentos, la planta deberá estar capacitada para la exportación de biodiesel y etanol y deberá estar acondicionada para ofrecer productos refinados al resto de países del istmo en caso que se materialice la construcción de una refinería regional.

Las instalaciones deberán ser acondicionadas para almacenar gasolina de aviación, gasolina superior y regular, DPK/Jet, diesel y fuel oil.

Exoneraciones de impuestos
Un aspecto que llama poderosamente la atención de las bases, es que el gobierno deberá crear el marco jurídico para que la empresa que gane la licitación para edificar la terminal de combustibles, se le dispensen todos los impuestos de importación de materiales, equipo, vehículos y otros aditamentos para la obra.

Además se le exonerará de los impuestos sobre la renta, sobre ventas y otras tasas municipales, así como el pago de gravámenes sobre materiales, bienes, suministros y propiedades e instalaciones que serán utilizadas en la construcción. También, tendrá libertad para contratar su personal técnico, aunque deberá dar preferencia a la mano de obra hondureña y empresas de servicios nacionales.

Asimismo, se destaca que el concesionario que resulte favorecido en la licitación deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento de 10 millones de dólares, que serán pagaderos al gobierno de Honduras a través de una institución bancaria de reconocida solvencia y credibilidad, en caso que no cumpla con los plazos establecidos.

A revisión
El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, indicó que un equipo jurídico del gobierno se encuentra revisando los documentos de licitación para adecuarlos a lo que establece la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y otras leyes nacionales y convenios internacionales que regulan la materia.

Todo ello se incluirá en la versión final de los documentos de licitación, para regular lo relativo al pliego de condiciones, especificaciones generales y técnicas, estipulaciones generales y especificaciones del borrador del contrato y todo lo relacionado a la precalificación, garantías, criterios de elaboración de ofertas, autoridad responsable, forma de adjudicación e inhabilidades, entre otras, dijo

Apuntó que ambos documentos han sido puestos a disposición del público en general y a los interesados en particular en la página web de la Presidencia de la República, para que mediante un proceso de socialización puedan ser enriquecidos

Para ese fin se estableció un plazo de 10 días, a partir del 26 de julio del 2006, para recibir análisis, comentarios, sugerencias, consultas o propuestas con relación a los citados documentos.

Los aportes que el Gobierno considere pertinentes, serán incluidos en la versión final de los documentos de licitación, cuyo objetivo primordial es que el pueblo hondureño, en base al libre mercado y a un proceso igualitario y transparente, pueda comprar sus combustibles a precios justos, dijo.

No obstante, el presidente Manuel Zelaya aclaró que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de aceptar o rechazar algunas opiniones que se hagan llegar en los próximos 10 días, en su condición de “legal representante del pueblo”.

Explicó que la comisión tendrá plenas facultades para darle seguimiento y auditar el proceso de licitación pública, tanto de las instalaciones de reserva de combustibles como del mecanismo para la compra de los mismos.

Los plazos
Por su lado, Meyering detalló que una vez concluido el proceso de revisión y socialización se pasará a un periodo adicional de aproximadamente cinco días para tratar de adecuar las bases a las leyes hondureños y luego se sacará la licitación a todas las empresas oferentes.

“Siempre que los asesores hondureños estén de acuerdo, tenemos planificado un proceso de 15 días para que presenten ofertas en lo que se refiere a la importación de petróleo y luego un proceso de 10 días de análisis y finalmente 10 días de negociación, firma de contrato y apertura de garantías”, explicó.

En el caso de la licitación para la Terminal de almacenamiento, el proceso podría tardar un poco más, pero en principio sigue el mismo lineamiento para la importación de productos derivados del petróleo. “estamos trabajando con el gobierno para acelerar el proceso lo mejor posible”.

El acto concluyó con la juramentación de la comisión de notables que dará seguimiento al proceso.