El informe
es auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo y contó con el apoyo
de las secretarías de Seguridad, Educación, Salud; el
Ministerio Público, la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) y el Instituto Nacional de la Mujer.
El documento, que fue presentado a la prensa por la socióloga
Julieta Castellanos, detalla que la tasa de homicidio en 2005 fue de
37 personas por cada 100,000 habitantes, superando con creces el promedio
anual de 8.8 de mortalidad por esa incidencia que pone como referencia
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, la muerte accidental, que se entiende por causa externa
no intencionada, ocupó el segundo lugar y los decesos por accidentes
u otros eventos de tránsito se ubicó en el tercer lugar.
Mientras tanto, el suicidio ocupó el último lugar de las
muertes violentas con una tasa de 3 personas por cada 100,000 habitantes.
Un dato preocupante sobre este último suceso es que la mayoría
de suicidios se presenta en niños y jóvenes en edades
comprendidas entre los 10 y 24 años, mientras que la norma en
los países desarrollados sea que este tipo de incidencia se presente
en adultos y ancianos.
Se estima que el mayor número de suicidios se produjo en Francisco
Morazán y Cortés, tanto en el 2004 como en el 2005. de
cada 100 suicidios reportados en el 2005 a nivel nacional, 63 ocurrieron
en esos departamentos. Los departamentos con la menor incidencia son
Lempira y Gracias a Dios.
Castellanos indicó que los motivos que llevan a los jóvenes
hondureños a atentar contra su vida debe ser objeto de una investigación
aparte, pero posiblemente una de las causas sean los embarazos prematuros
en jóvenes mujeres.
Accidentes de tránsito
En el año 2005, la Dirección General de Investigación
Criminal reportó 4,485 muertes por causa externa (homicidio,
accidental, tránsito suicidio) o sea 63 decesos más que
el 2004, lo que representa un incremento del 1.4 por ciento.
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De estos se registraron 2,417 homicidios, siendo los hombres que
se ubican entre las edades de 16 a 64 años, las principales
víctimas de este fenómeno. En números absolutos,
la mayor incidencia de casos se registra entre los 15 y 49 años.
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“Los
homicidios representan el mayor número de muertes en los dos
años, pero fueron las muertes por accidentes de tránsito
las que más se incrementaron, pasando de 334 a 520, un incremento
del 55.7 por ciento”, cita el informe.
El estudio permitió establecer que de cada 10 homicidios que
se cometieron durante el año pasado, nueve fueron con arma de
fuego.
Las investigaciones establecen que durante el 2006 ya se registran 1,308
homicidios y de continuar esa tendencia al finalizar el año habrá
5,000 más que el año pasado.
En el mapa de la violencia elaborado por los investigadores, se establece
que los departamentos de Copán y Cortés registran el mayor
número de muertes por esta causa, pero la mayor tasa de homicidios
la registran Copán, Cortés, Francisco Morazán,
Islas de la Bahía y Atlantida.
Castellanos interpreta que el hecho que Copán y Cortes ocupen
los primeros lugares se debe a que esas regiones del país son
las principales áreas de operación del narcotráfico
y el crimen organizado y posiblemente la mayoría de asesinatos
que ahí se dan provienen de sicarios pagados por esos grupos
ilícitos.
“Se necesita más información, pero a simple vista
parece que el mayor número de muertes violentas las aportan el
crimen organizado, probablemente utilizando a las pandillas”,
aseveró la experta.
Carga para el Estado
Según los investigadores, este fenómeno de violencia está
provocando una fuerte carga en el sistema sanitario nacional, particularmente
en el hospital Escuela, el principal centro hospitalario del país.
Durante el 2005, en este nosocomio se registró un total de 13,981
ingresos por lesiones de diferente índole y en el primer trimestre
del presente año ya se reportan alrededor de 3,704 personas atendidas
por esta misma causa.
Castellanos indicó que este informe no busca ensañarse
contra el gobierno, sino por el contrario se propone una mirada a las
diferentes dimensiones de la violencia, la criminalidad y la delincuencia,
con el objetivo de poner a disposición de los tomadores de decisiones
y la ciudadanía, información oportuna y confiable para
la toma de decisiones políticas y públicas.