Ordenan la captura de tres
ex presidentes por genocidio

En un auto notificado hoy, el juez Santiago Pedraz libra estas órdenes contra los ex presidentes Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía Victores y el ya fallecido Fernando Romeo Lucas García.

Aunque Romeo Lucas murió en mayo pasado en Venezuela, Pedraz se
ha visto obligado a incluirle en el auto porque aún no hay constancia oficial de su fallecimiento en el procedimiento, según fuentes jurídicas.

El magistrado también emite órdenes de busca y captura contra el ex ministro de Defensa Angel Aníbal Guevara, el antiguo director de la Policía Nacional Germán Chupina Barahona, el que fuera jefe del Comando Seis de la Policía Pedro García Arredondo, el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García y el ex titular de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz.

Según las fuentes, Alvarez Ruiz se encuentra fuera de Guatemala y
está localizado en una ciudad de California (EEUU).

En su auto, el magistrado Pedraz, quien hace suyos los argumentos del fiscal, hace referencia a la falta de cooperación y actitud "obstruccionista" de estas personas en la investigación que lleva a cabo la Justicia española sobre delitos de genocidio en Guatemala.

El juez acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza de estas ocho personas "a los efectos de su detención y extradición a nuestro país".

También cursa las órdenes de detención "para que sean aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial española, a fin y efecto de responder de los delitos que se les imputan".

Embargo de propiedades
Además de ordenar su búsqueda y captura y su prisión, decreta "el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titulares (...), a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes", así como el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Pedraz tomó esta decisión después de que la Fiscalía denunciara que durante el reciente viaje del juez a Guatemala "se ha detectado una clara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de los hechos denunciados" por parte de los imputados, que impidió al magistrado tomarles declaración a ellos y a los testigos.

"Efectivamente, con su actitud obstruccionista han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no sólo sus declaraciones, sino también la de los testigos que se habían propuesto", señalaba el ministerio público en su escrito.

Añadía que "la cascada constante y continua de recursos, evitando el lógico actuar del órgano judicial, no sólo ha impedido que conocieran la imputación, sino también que los testigos propuestos pudiesen contar al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando de esta manera ver satisfecho su legítimo interés de acceso a la Justicia".

Considerando que concurren en los antes citados "fundados indicios de la comisión de sendos delitos de terrorismo, torturas, genocidio, asesinato y detención ilegal de los que serían autores", la Fiscalía pedía la adopción de medidas cautelares "para evitar que (...) campen por sus respetos burlando la jurisdicción española".

De hecho, el interrogatorio a un grupo de militares y dos civiles de Pedraz en Guatemala quedó suspendido en junio pasado, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó de forma provisional al general golpista Ríos Montt, quien presentó un recurso ante ese organismo para evitar esas indagaciones.

En diciembre de 1999, la Premio Nobel de la Paz la guatemalteca Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional española una demanda por delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas durante el conflicto armado en su país (1960-1996).

Según fuentes jurídicas consultadas, durante los años en los que los reclamados ejercieron el poder en Guatemala, se calcula en unos 250.000 los miembros de la etnia maya asesinados.

Además de los delitos de lesa humanidad, los imputados deberán responder por el asalto de las fuerzas de seguridad guatemaltecas el
31 de enero de 1980 a la embajada de España, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de Menchú, así como
por los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles en la década de los 80. EFE