Bush había insistido que su capacidad de comandante en jefe durante una guerra le confería la facultad de establecer estas cortes, que han funcionado de acuerdo con unas reglas extraordinarias que limitan los derechos del acusado.

No obstante, la máxima corte del país le dijo hoy que se ha excedido en sus atribuciones.

Por 5 votos a favor y el voto en contra de los tres jueces más conservadores, el Supremo dictaminó que las cortes anti-terroristas violan la Convención de Ginebra que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como el derecho militar de EEUU.

El noveno juez, John Roberts, que además es el presidente del Tribunal, se recusó porque había visto el caso en una Corte de Apelaciones.

La decisión llegó mientras Bush se reunía con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, y el presidente de EEUU no tuvo más remedio que responder a las preguntas de la prensa sobre el tema durante la rueda de prensa conjunta.

Bush señaló que su Gobierno acatará la decisión del Supremo, pero eso no quiere decir que renuncie a la idea de juzgar a los detenidos en Guantánamo en las cortes especiales.

El presidente señaló que cree que "hay una forma de proceder con los tribunales militares y trabajar con el Congreso de Estados Unidos". Bush explicó que iniciará consultas con miembros del Congreso para que la legislatura autorice las cortes especiales.

Es una posibilidad que dejó abierta el propio Tribunal Supremo, que en su decisión indicó que el presidente podrá solicitar a la legislatura la potestad para crear esos tribunales.

El Supremo emitió su decisión en el último día de sus sesiones y después de que haya aumentado la presión interna y externa sobre el Gobierno para que cierre Guantánamo, donde recientemente se suicidaron tres detenidos.

El dictamen fue recibido como una victoria por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que se han opuesto al encarcelamiento indefinido de sospechosos de terrorismo en Guantánamo desde que se abrió la cárcel a principios del 2002.

"El Tribunal Supremo ha rechazado enérgicamente el intento del presidente Bush de eludir los tribunales estadounidenses", dijo Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a algunos de los 450 detenidos en Guantánamo.

Ratner pidió a Bush que "juzgue a nuestros clientes en tribunales estadounidenses legales o los ponga en libertad". El caso llegó al Supremo mediante un recurso presentado por Salim Ahmed Hamdan, un yemení de 36 años acusado de conspiración y que presuntamente fue el chófer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.

Hamdan es uno de los diez prisioneros contra los que el Gobierno ha presentado cargos ante las cortes militares especiales, que funcionan al margen de la Justicia civil y la castrense.

En ellas, el Pentágono designa a los militares que actúan como jueces y a los abogados defensores, y sólo se permite apelar la sentencia a un tribunal de EEUU, sin posibilidad de que el caso llegue al Supremo.

En los últimos meses Bush ha expresado su deseo de cerrar Guantánamo, pero ha indicado que la decisión sobre el futuro de la prisión dependía del dictamen del Supremo.

No obstante, la Casa Blanca dejó claro que este revés legal no significará la clausura de esa cárcel. Bush señaló hoy que "el pueblo estadounidense tiene que saber que la decisión, como yo la entiendo, no resultará en la puesta en la calle de asesinos".

"Esto no significará el cierre de Guantánamo", enfatizó posteriormente el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, que aclaró que Bush ha afirmado que quiere acabar con la cárcel, "pero no ha dicho que quiera cerrarla rápidamente".

El máximo tribunal del país no se pronunció sobre la legalidad del encarcelamiento indefinido de los detenidos en Guantánamo, muchos de los cuales llevan allí más de cuatro años sin que se hayan presentado cargos contra ellos. EFE