Tegucigalpa - Su supuesta implicación en el sonado escándalo del “pasaportazo”, acontecido en la administración del extinto ex presidente Carlos Roberto Reina, comenzó a pasarle la factura a la recién nominada secretaria de Finanzas, Patricia Rebeca Santos, en tanto el partido Unificación Democrática ha empezado a cuestionar su reciente nombramiento.

Hasta la semana anterior, Santos venía desempeñándose como viceministra de Finanzas, pero a partir del 1 de julio próximo ocupará la titularidad de esa secretaría, en sustitución del doctor Hugo Noé Pino, quien fue designado por el gobierno como representante para Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

El nombramiento de la funcionaria fue aprobado por el presidente de la República, Manuel Zelaya, el mismo día en que se hizo pública la salida de Hugo Noé Pino.

La alta funcionaria es una experimentada y capacitada tecnócrata que ya ha prestado sus servicios en cargos importantes de la administración pública y como consultora en diferentes organismos internacionales, pero carga sobre si el estigma de haber sido recluida en la cárcel de mujeres por su presunta implicación en el “pasaportazo”.

Recluida en CEFAS
En julio de 1995, Santos, que en ese entonces se desempeñaba como directora adjunta del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y persona de confianza del entonces director de la institución y ahora presidente, Manuel Zelaya Rosales, fue confinada en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).

Por este mismo caso, fueron también encarceladas la directora de Censos y Estadísticas, Armida López de Mazier; la jefa de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Reyna Leda Padilla, y la oficial mayor, María Margarita Molina. Junto a ellas también guardaba prisión María Ángeles Paz (QDDG), hermana del entonces canciller Ernesto Paz Aguilar.

Además, de las antes citadas fueron procesados, entre otros más, Ixilia Teodora Reyes y Herminio Pineda Bautista, cuyo caso se encuentra actualmente en casación en la Corte Suprema de Justicia.

Los delitos imputados a todos los acusados iban desde falsificación de sellos oficiales y documentos públicos, hasta abuso de autoridad, cohecho y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

A excepción de María Ángeles Paz, sobre quien recaían las principales sospechas del tráfico de pasaportes oficiales desde la Cancillería, las cuatro ex funcionarias antes mencionadas recuperaron su libertad al suspendérseles el auto de prisión por no encontrarles suficientes méritos en el hecho delictivo.

Durante el proceso, las ex funcionarias fueron representadas legalmente por los abogados Milton Jiménez Puerto, actual secretario de Relaciones Exteriores, y Omar Cerna, fiscal adjunto del Ministerio Público, quienes lograron que el juzgado revocara el auto de prisión y les decretara el sobreseimiento definitivo.

Sin embargo, se conoció que el Ministerio Publico apeló los sobreseimientos aun cuando la Corte Suprema de Justicia los ratificó, y actualmente la Fiscalía está a la espera que el máximo tribunal resuelva un recurso de casación interpuesto, como última instancia, en algunos de los casos que fueron individualizados.

Rebeca Santos.

En aquel momento, la ahora ministra de Finanzas del gobierno del “Poder Ciudadano” alegó que la única prueba que el juez Rafael Castro Ávila, actual director de Centros Penales, tenía en su contra era una fotocopia de solicitud de trámite de pasaporte, firmado supuestamente por ella y por el presidente Carlos Roberto Reina. El “pasaportazo” y el escándalo de los sextos juegos centroamericanos fueron la mancha negra en la administración de la “Revolución Moral” que pregonó el ex presidente Reina y marcó un precedente en la justicia hondureña, al haber puesto tras las rejas al primer alto funcionario del Estado, al ex canciller Ernesto Paz Aguilar.

Caso sigue abierto
El caso no tendría ninguna relevancia informativa en este momento y dormiría tranquilamente el “sueño de los justos”, si no es porque una de las principales protagonistas de ese hecho ha sido nombrada por el titular del Poder Ejecutivo como la encargada de velar por las finanzas del estado hondureño.

Además, el tema cobra vigencia en un momento en que el gobierno de Estados Unidos suspendió el otorgamiento de visas a los hondureños por la extensión irregular de documentos de identificación y pasaportes a extranjeros en la Dirección de Migración y Extranjería y el Registro Nacional de las Personas (RNP)

En un afán de contextualizar la información, Proceso Digital recurrió al Ministerio Público para conocer la situación actual de este sonado caso y se logró confirmar que el mismo no ha sido cerrado y se encuentra en apelación en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados aún no resuelven un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía.

Según el expediente, que consta de nueve tomos, los pasaportes oficiales fueron extendidos contraviniendo el acuerdo número 79 del 21 de marzo de 1967, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, de los arriba mencionados, también aparecen como coprocesados los señores Araceli Guevara de García, Mirna Janeth Zúñiga, Miguel Ángel Zelaya, Edgardo Paz Sierke y María Mercedes Sevilla, a todos los cuales se les concedió el sobreseimiento definitivo. También sus casos fueron apelados por la Fiscalía.

Guardan silencio
Representantes de sectores políticos y de la sociedad civil consultados por Proceso Digital han mantenido silencio o se han reservado sus opiniones sobre el caso, amparándose en el desconocimiento del hecho, en la falta de memoria histórica o simplemente excusándose sigilosamente de opinar.

Hugo Noé Pino y Rebeca Santos.

En ese contexto, cabe mencionar que el diputado Marvin Ponce del colectivo de Unificación Democrática (UD) opinó que desde el punto de vista legal, Santos no está inhabilitada para ocupar la titularidad de Finanzas, pero es éticamente cuestionable, sobre todo en este momento que Estados Unidos está exigiendo detener el tráfico de pasaportes a extranjeros.

“No es correcto que ella asuma una dependencia tan importante como la Secretaría de Finanzas y que sea la que dirija los temas de negociación financiera y perdón de la deuda externa con los organismos internacionales de crédito, ya que estos temas por lo general están vinculados al tema de transparencia y rendición de cuentas”, dijo.

A juicio del parlamentario, Santos no tendría la altura moral para ir a negociar la deuda externa ante los OFI y su nombramiento puede, incluso, impactar negativamente en los desembolsos de la Cuenta Desafío del Milenio a través de la cual Estados Unidos otorgará a Honduras alrededor de 215 millones de dólares.

“El desembolso de esa millonaria cantidad de recursos prácticamente se pone en riesgo con el nombramiento de esta funcionaria y también por los coqueteos que el gobierno está teniendo con el presidente venezolano Hugo Chávez”, afirmó.

En su opinión, la designación de la citada funcionaria es una muestra de la falta de rumbo y de la improvisación que prima en el gobierno liberal en todas las áreas de la administración pública y denota que los liberales no cuentan con gente de alta catadura moral y profesional que pueda asumir esa importante dependencia.

Ponce adelantó que la Unificación Democrática llevará este tema a la reunión que la bancada de este instituto político celebrará la próxima semana, y no descartó que presenten una moción ante la Cámara Legislativa, dejando sentada su posición en ese sentido y oponiéndose al nombramiento de la funcionaria.