Por Dagoberto Rodríguez
Proceso Digital

Tegucigalpa - Mientras la violencia y los asaltos vinculados a la actividad de las pandillas campean a lo largo y ancho del país, el gobierno se da el lujo de congelar los fondos y de paso desarticular el único programa existente para la prevención, rehabilitación y reinserción de jóvenes infractores e integrantes de maras.

Esa situación contradice las promesas del presidente Manuel Zelaya, quien durante su campaña electoral se opuso a la política de represión contra los miembros de las pandillas juveniles aplicada por la administración de Ricardo Maduro, y en cambio, prometió programas de rehabilitación y reinserción social a esos grupos.

Pero a casi cinco meses de la administración liberal, ninguna de esas ofertas electorales se ha cumplido, mientras los hondureños ven con profunda preocupación y pavor como la actividad de las pandillas se ha reactivado en ciudades y comunidades en donde ese flagelo se creía controlado.

Lo preocupante es que la policía aún no logra articular una política definida para enfrentar este problema y, lo que es aún más grave, es que el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Vinculadas a Pandillas (PNP), está a punto de cerrar por la inoperancia gubernamental.

La cifra de pandilleros que operan en el país es imprecisa. Algunos organismos y la policía hablan de 60,000, pero otras instituciones como el Movimiento Juvenil Cristiano, que trabaja en ese campo, estima que el número se acerca a los 100,000, incluyendo a simpatizantes, familiares y ex mareros.

De acuerdo a investigaciones, el 77 por ciento de los miembros de las pandillas se asoció a ellas antes de los 15 años y el 97.8 por ciento del total de mareros se encuentra entre los 12 y los 25 años de edad, lo que denota que se trata de un fenómeno, cuyos principales protagonistas son niños, adolescentes y jóvenes.

Un parto irregular
El PNP fue creado mediante decreto número 141-2001, aprobado durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores y en la gestión legislativa de Rafael Pineda Ponce, con el fin de hacer frente a la creciente violencia que, a la sazón, generaban los integrantes de las pandillas.

Sin embargo, por motivos desconocidos el proyecto durmió el sueño de los justos, durante los primeros tres años de la administración madurista, y fue hasta abril de 2005 que se decidió ponerlo en marcha, asignándole un limitado presupuesto de 6.7 millones de lempiras.

Con esos recursos, el programa logró operar medianamente hasta diciembre de 2005, apoyando a algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la rehabilitación y reinserción de niños y jóvenes pandilleros, y también puso en marcha una unidad especial para borrar tatuajes a muchachos en proceso de recuperación.

No obstante, con la llegada del nuevo gobierno, el PNP recibió su “tiro de gracia” y entró en una etapa de declive, en vista que se le congeló la asignación presupuestaria para ejecutar sus actividades, lo que dio lugar al despido del personal operativo y el consiguiente cierre de varias unidades de apoyo.

Fuentes cercanas al proyecto, informaron a Proceso Digital que la falta de recursos económicos obligó a los directivos a cancelar los contratos a los sociólogos, periodistas y psicólogos, entre ellos un cubano, que trabajaban con los padres de familia, estudiantes y ex mareros regenerados.

A estos profesionales se les adeudan más de cuatro meses de salario y por lo que se informó no hay posibilidades que se les cancelen los servicios prestados, en vista que en Casa Presidencial se niegan a desembolsar los fondos que se requieren para que el programa continúe con vida.

Estas mismas fuentes, aseguraron que el propósito de los funcionarios del Poder Ejecutivo es ahogar financieramente el proyecto y por consiguiente obligar al personal, que fue contratado en la administración anterior, a renunciar a sus cargos para no pagarles sus derechos laborales.

En la actualidad, el PNP es dirigido por Guillermo Jiménez Mayen, un reconocido profesional de la psicología y sociología, pero se informó que en sustitución de éste ya fue nombrado Héctor Borjas Mazis, hermano del actual viceministro de Finanzas, José Antonio Borjas.

Borjas Mazis fue uno de los que dirigió el levantamiento de activistas liberales que buscaban una oportunidad de empleo en la administración Zelaya y, según se informó, desconoce el tema de prevención y rehabilitación, lo que preocupa a las organizaciones que trabajan de cerca con el proyecto.

Lo que más inquieta, es que con la llegada de Borjas Mazis el PNP sea politizado y con ello se ponga en riesgo a los más de 80 ex pandilleros que han recibido atención en la unidad “Borrón y Vida Nueva” que se encarga de eliminar los tatuajes de sus cuerpos, y de otros 80 jóvenes que se encuentran en el mismo proceso, se informó.

Ahogado y desarticulado
El sociólogo Dario Castro, ex coordinador de la unidad de prevención y vida saludable, confirmó a Proceso Digital que el PNP prácticamente ha sido desarticulado, ya que casi todo el personal operativo fue cesanteado y solo han quedado algunos empleados de oficina y administrativo.

“La misión nuestra era realizar labores de prevención primaria con diferentes sectores del país e instituciones educativas. En ese sentido, realizamos charlas de prevención en diferentes colegios de Tegucigalpa y San Pedro Sula con el fin de ejercer un efecto multiplicador de docentes a padres de familia y estudiantes”, dijo.

Agregó que lamentablemente ese trabajo y el que realizaban otros compañeros suyos en el campo se detuvo a raíz de la crisis financiera en la que entró el programa, ya que algunos se vieron obligados a renunciar y a otros no se les renovó el contrato.

“Ahorita lo que yo he sabido es que Guillermo y la administradora, que son los que están gestionando los fondos, incluso, tienen dificultades para entrar a Casa Presidencial y no pasan del portón”, afirmó.

Castro criticó que el actual gobierno maneja el tema de la prevención con una doble moral, porque a nivel de discurso dice que le interesa la prevención, pero en la práctica muestra todo lo contrario. “Lo que siento es que el programa está abandonado, no está haciendo absolutamente nada”.

Se pierden millonarios fondos
Proceso Digital consultó al secretario general del PNP, Guillermo Jiménez, quien confirmó el deplorable estado financiero en el que se encuentra el programa y a la vez lamentó que éste haya sido manejado, desde sus inicios, con una clara falta de visión y voluntad política.

Jiménez informó que a raíz de esas circunstancias y problemas de organización, a finales del año pasado el PNP perdió un importante financiamiento de dos millones de dólares, alrededor de 36 millones de lempiras, del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como otras ayudas de varios organismos internacionales.

Agregó que pese a representar la política de estado en materia de prevención de pandillas, el programa ha operado con serias limitaciones económicas, mientras a la Secretaría de Seguridad se le asignan más de 1,000 millones de lempiras, privilegiando la coerción a la prevención.

El funcionario indicó que la mayor parte de los 6.7 millones que se les asigna son distribuidos en unas diez organizaciones que trabajan en actividades de rehabilitación de pandilleros, entre ellas la que dirige el obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, pero lamentablemente este año no han recibido ni un cinco.

“Nosotros tenemos una bolsa de solicitudes para proyectos que no les hemos dado respuesta porque no se ha hecho efectivo y ha sido retenido el presupuesto para el Programa Nacional de Prevención”, dijo.

No hay política de prevención
Consultada sobre el tema, Istmania Pineda, presidenta de Xibalbá, organización que trabaja en el campo de la rehabilitación de niños y jóvenes pandilleros, opinó que en la práctica el PNP no ha sido desarticulado, sino que nunca funcionó como tal, por lo que consideró correcto su cierre.

“Me parece que lo que el gobierno hizo fue lo correcto porque lo que no funciona no debe estar erogando grandes ingresos económicos que no se sabe a donde han ido a parar”, afirmó.

A su juicio, la política de prevención no nace de un programa en particular, sino de una reforma amplia que ataque las raíces del problema, lamentablemente es evidente que el actual gobierno no tiene una política definida en materia de prevención, rehabilitación y reinserción social del niño y joven infractor.

“No hay una política definitivamente porque el gobierno, si bien es cierto ha concertado, lo ha hecho con las mismas personas de siempre, que son los mismos que han manejado en años anteriores programas y que no hicieron nada en el pasado y tampoco ahora en el presente”.

A su criterio se debe delinear una política basada en la realidad y no en base a ayudas a organizaciones que en la calle no están haciendo nada para rescatar a los niños y jóvenes en riesgos social, sino que están engañando a la sociedad.