El viernes anterior, la DGAC hizo las primeras publicaciones en un periódico de la capital, como primer paso legal antes de subastar la aeronave y posteriormente se hará lo mismo en el diario oficial La Gaceta.

Ocho días después de la publicación en La Gaceta se procederá a redactar el acta de declaración de abandono, luego se pide la intervención de los entes contralores del estado para hacer el avalúo y finalmente la subasta.

Antes de la subasta, las autoridades harán una revisión técnica del aparato, se le asignarán las nuevas matrículas y se procederá a hacer las pruebas de vuelo, lo que puede llevar varios días.

El director de la DGAC declaró que de encontrarse pruebas de que la aeronave fue utilizada para la comisión de un delito, ya no será subastada sino que pasará a la Oficina de Bienes Incautados (OABI) del Ministerio Público, que decidirá su destino final.

Según cálculos, el jet en mención tiene un costo de 18 millones de dólares en el mercado, pero nuevo. No obstante, por tratarse de un aparato de 1969 y en consideración al uso que ha tenido, su costo actual es mucho menor.