05 de junio de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - La propiedad del avión de lujo que fue abandonado hace más de 100 días en el aeropuerto Toncontín de esta ciudad, sigue en el más absoluto misterio y todo apunta que este caso pasará a engrosar la larga lista de oscuros hechos que han quedado en la completa impunidad en este país.

Mientras la Fiscalía General de la República sigue sin ofrecer pistas contundentes que conduzcan a resolver la dudosa aparición de esta millonaria aeronave, nuevos elementos vinculados al caso han surgido en los últimos días, los que adecuadamente investigados podrían llevar a la solución definitiva del asunto en cuestión.

Proceso Digital conoció que uno de los dos pilotos mexicanos, que trajo el lujoso aeroplano a suelo hondureño, llamó por teléfono e intentó sobornar al director de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman, para que le permitiera sacarlo del país sin despertar sospechas y antes que surgiera el escándalo.

Además, uno de los tres controladores aéreos que se encontraban en la torre de control, la medianoche del 24 de febrero cuando el aparato aterrizó en Toncontín, pidió que se le autorizaran sus vacaciones, e inmediatamente viajó a Estados Unidos, junto con sus parientes más cercanos, según se informó.

Esto aparentemente se dio días después que las autoridades hondureñas iniciaran formalmente la investigación por el abandono del jet. Se desconoce si esa situación está siendo investigada por el Ministerio Público, dado el hermetismo con que sus autoridades manejan el caso.

El permiso de vacaciones a Flores fue autorizado por el director de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman.

En la documentación en poder de la DGAC el aparato aparece como propiedad del supuesto empresario mexicano, Mario Alberto Andrade Mora, cuyo paradero aún no ha podido ser determinado por los investigadores de la Procuraduría General mexicana que colaboran con las autoridades hondureñas en las indagaciones del caso.

Aunque en la documentación aparece el nombre de Andrade Mora, hasta ahora nadie ha reclamado formalmente la aeronave. Hace un par de meses un abogado mexicano que dijo ser representante de Andrade Mora llegó al país a solicitar la devolución del lujoso aeroplano, pero sólo se limitó a presentar fotocopias que no fueron aceptadas como válidas.

Grabación de conversaciones
El jet aterrizó en el Toncontín el 24 de febrero de 2006 a las 11:13 de la noche, aparentemente con procedencia de Puebla, México, y, según los registros migratorios, era piloteado por los mexicanos Federico Rivielo y Carlos Enrique Messner, quienes un día después salieron del país.

Los operadores que laboraban el día del aterrizaje del jet eran: Wilfredo Flores, Ramón Moncada, supervisor de turno, y otro cuyo nombre no se precisó, pero que al parecer no participó en la autorización del descenso porque en ese momento se encontraba con problemas de salud.

Asimismo, una fuente aeroportuaria confió a Proceso Digital, que hace un par de semanas, el jefe de navegación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el subjefe de controladores, Óscar Ramírez, llegaron a solicitar la grabación de la noche en la que aterrizó el jet, que supuestamente implica a Wilfredo Flores en el caso.

La grabación en referencia registra la conversación sostenida esa noche entre controladores y pilotos y específicamente una parte en la que los empleados aeroportuarios hablan de hacer un cobro por autorizar el aterrizaje de la aeronave.

Consultado por Proceso Digital, Seaman confirmó la existencia de la grabación en los registros de la torre de control, pero indicó que el cobro del que se hace mención tiene que ver con un acuerdo entre los controladores y la empresa Tecnologías Unidas a través del cual se les concede a éstos un plus por trabajar fuera de horas laborables.

“En este caso es la empresa Tecnologías Unidas, quien realizó todas las diligencias del plan de vuelo, del servicio de recibimiento de la aeronave, o sea, no es el controlador aéreo”, dijo.

Fuentes de la DGAC confiaron que a raíz de ésta y otras situaciones irregulares varios controladores aéreos que laboran en los diferentes aeropuertos del país, vienen siendo investigados, ya que ostentan un nivel de vida altamente solvente que no concuerda con el salario de 10,000 lempiras que devengan

Por ejemplo, se indicó que se tiene informes de un controlador que posee un yate, una lujosa vivienda a orilla de la playa, que hace viajes periódicos al exterior y tiene a sus hijos estudiando en Estados Unidos, pero que no se ha podido actuar contra él por la falta de pruebas.

Más dudas
Sobre este enredado caso, el director de Aeronáutica Civil señaló que el plan de vuelo establece que el jet provenía de Puebla, México, pero dijo que las investigaciones realizadas por la institución a su cargo establecen fuertes indicios que el mismo venía con procedencia de Venezuela.

Probablemente los “propietarios” y los pilotos planearon dejar la aeronave en el país, mientras actualizaban los permisos de aeronavegación, seguro de operación y matrícula que se le vencieron el día del aterrizaje.

Los investigadores creen que posiblemente los encargados de la aeronave pensaron que en Honduras era más fácil mantener estacionado el jet, mientras se finiquitaban los documentos de operación.

Lo que nunca pensaron fue que la presencia del lujoso jet sería denunciada por los periodistas que cubren la terminal aérea, lo que dio pie para que la Fiscalía iniciara una investigación de oficio.

Sin embargo, Seaman aseguró, mostrando un memorando, que él dio parte de la presencia del aparato unos días después de su aterrizaje y antes de que lo hicieran los comunicadores

Por otro lado, Seaman detalló que los documentos del jet establecen como propietario del mismo al empresario mexicano Mario Alberto Andrade Mora, aunque no descartó que se trate de un testaferro como mencionó recientemente el fiscal general, Leonidas Rosa Bautista.

“No ha aparecido ningún propietario, lo que crea en el ambiente una estela de misterio y parece que ahí habían peces grandes, no es posible que un avión quede abandonado, pero como digo esto no compete a Aeronáutica Civil, sino que al Ministerio Público; nosotros no podemos esgrimir otros argumentos solamente lo que se sospecha”, dijo.

Me quisieron sobornar
El director de la DGAC confirmó a Proceso Digital que uno de los pilotos le hizo una llamada telefónica insinuándole un arreglo para dejar salir la aeronave del país.

“Exactamente así es, un piloto me llamó y me dijo de que si podía arreglar la situación con su servidor, más o menos yo la entendí como una insinuación de ofrecerme o sobornarme, entonces inmediatamente yo le dije que se entendiera con el Ministerio Público e inmediatamente corté la llamada telefónica”, reveló.

Señaló que después de eso no ha vuelto a tener contacto con ninguno de los pilotos, aunque indicó que los investigadores de la Fiscalía tienen en su poder las direcciones de ellos en la ciudad de México.

El entrevistado aseguró que las investigaciones preliminares determinan indicios de actos ilícitos, pero no hay pruebas. “no podemos decir qué, pero es una actividad que no es acorde a la legislación hondureña”.

Proceso Digital intentó conocer la versión de los fiscales que investigan el caso y del mismo fiscal general Leonidas Rosa Bautista, pero no fue posible debido a las reservas con que es manejado. Incluso, Rosa Bautista, fue invitado al foro PROCESO-DEBATES para hablar sobre el tema, pero no aceptó.

Al respecto, el director de Migración, German Espinal, dijo que la presencia deja muchas dudas y es un hecho que vulnera la seguridad del país.

Indicó que el caso aconteció antes de que asumiera el cargo, por lo que dejó al Ministerio Público la investigación del mismo para determinar si hay responsabilidad de los agentes migratorios en la salida de los pilotos.