La delegación, integrada por la jueza argelina Leyla Zerrougui y su colega española Manuela Carmena Castrillo, expresó además su preocupación por "el exceso de poder de la Policía" en el proceso de detención, rehabilitación y reinserción de personas que delinquen.

El grupo de la ONU, integrado además por siete expertos en derechos humanos, terminó hoy una inspección de nueve días en las principales cárceles y centros de rehabilitación de menores en Honduras.

En una rueda de prensa, Carmena Castrillo dijo que durante su visita pudieron constatar que "el sistema penitenciario en este país como tal no existe, puesto que está encargada la custodia, la organización, la gestión de toda la vida de las personas presas, a un propio cuerpo de Policía".

"Detectamos que la Policía tiene competencia desde el momento de la detención preventiva hasta que cumple la condena en el sistema penitenciario, y esto es una institucionalización que va contra la naturaleza del proceso", señaló la jueza española.

"Las personas encargadas de investigar los delitos no pueden ser las personas encargadas del proceso de reinserción y rehabilitación que han de cumplir los centros penitenciarios, son dos tareas antagónicas", señaló. Dijo que en la inspección detectaron además que las cárceles hondureñas "carecen de los servicios necesarios como el de salud, alimentación, ocupacional, trabajo, de reinserción y rehabilitación".

La vida penitenciaria está llena de pequeños e irregulares negocios que de alguna manera vienen a cubrir las necesidades que la administración no cubre, indicó Carmena Castrillo.

La delegación expresó también su preocupación por el caso de al menos 1.800 personas, muchas de ellas hasta con 10 años de prisión, que no han sido juzgadas a la fecha.

Calificaron de "grave" el hecho de que entre esas 1.800 personas hay algunas que no han obtenido su libertad a pesar de haber sido absueltas por los tribunales de justicia.

"No hay base legal ninguna, dentro de los instrumentos internacionales no está permitido que una persona ya declarada inocente pueda continuar en prisión", expuso Carmena Castrillo.

Los delegados de la ONU dijeron que también pudieron constatar casos de malos tratos de parte de la policía en los procesos de detención, investigación y el mantenimiento de las disciplinas dentro de los centros penitenciarios.

La jueza española declaró que otro problema detectado es que "existe una ineficiencia en la manera de administrar la justicia" en este país, y que las carencias se deben a una inadecuada utilización del presupuesto.

"Nos vamos con la impresión de que hay falta de organización, falta de eficiencia en los presupuestos en general de la administración de justicia", añadió.

La delegación dijo que el informe final de su misión a Honduras se hará público en septiembre y que el grupo dará seguimiento a las recomendaciones establecidas en el mismo. EFE