Esa instancia, que tendrá su sede central en la capital guatemalteca, tendrá como principal función conocer las denuncias que presenten los ciudadanos u organizaciones de los países que integran ese acuerdo comercial, relacionados con violaciones al medio ambiente, especialmente en los puntos establecidos en el tratado comercial.

Claudia McMurray, subsecretaria de Estado de EEUU para los océanos, medio ambiente y ciencia, dijo a periodistas al termino de la reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, celebrada ayer en esta capital, que "el objetivo de la secretaría será que la gente de su opinión" sobre la forma en que se protege el
medio ambiente en sus países.

A partir de que el CAFTA-DR cobre vigencia en todos los países "nadie podrá hacer nada en secreto y esa es la importancia de esta secretaría", subrayó McMurray.

La Secretaría, según el ministro guatemalteco de Medio Ambiente, empezará a trabajar a partir del próximo 1 de septiembre, por lo que esperan antes del próximo 6 de julio haber elegido a la persona que la dirigirá.

Las denuncias sobre las violaciones a la protección del medio ambiente en los países signatarios del CAFTA-DR, precisó McMurray, deberán ser presentadas ante los ministerios o secretarías de Medio Ambiente de cada nación, o en una página de Internet que para el efecto habilitará la Secretaría.

El CAFTA-DR contempla multas económicas para las empresas y países que incumplan con las normas sobre protección del medio ambiente, recursos que según la funcionaria estadounidense se destinarán para financiar programas de protección ambiental en los lugares donde se comentan las faltas.

El CAFTA-DR fue suscrito el año pasado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana con EEUU.

Sólo ha cobrado vigencia en El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Guatemala está aún pendiente de que su Parlamento ratifique tres convenios internacionales relacionados con la protección de autoría intelectual para que pueda entrar en vigencia en junio próximo. Se prevé que en la República Dominicana entre en vigencia a más tardar en agosto, mientras que en Costa Rica aún está pendiente de ser ratificado por su Congreso. EFE