El informe anual del organismo humanitario presentado en Londres señala que los homicidios, torturas, encarcelamientos y el hostigamiento a defensores de los derechos humanos y activistas de comunidades indígenas no cesaron en el país centroamericano en 2005.

Agrega que hubo encarcelamientos por cargos penales falsos, y que "las denuncias de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar siguieron aumentando a un ritmo vertiginoso".

Según AI, activistas dedicados a la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas figuran entre las víctimas de homicidio, tortura y encarcelamiento.

El informe cita que el Gobierno de Honduras -presidido entonces por Ricardo Maduro- "mostró escasa voluntad política de poner fin a los abusos, que en la mayor parte de los casos fueron instigados por poderosos terratenientes o empresas madereras".

En lo que respecta a la muerte de unos 431 jóvenes, expresa que las medidas prometidas por el Gobierno en años anteriores para investigar y procesar a los responsables, "no se hicieron realidad, y los homicidas continuaron gozando de impunidad".

Como ejemplo señala el caso de cuatro jóvenes víctimas de homicidio en 1995 en Tegucigalpa, que fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero, después de que el Gobierno hiciera caso omiso de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los cuatro jóvenes formaban parte de un grupo unas 120 personas detenidas por la policía en septiembre de 1995.

Sus cuerpos fueron encontrados días después en distintos lugares de la ciudad con disparos en la cabeza.

"Este caso era representativo de los miles de casos similares que las autoridades no investigaron", agrega AI.

La muerte violenta de Edickson Roberto Lemus, coordinador de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, el 24 de mayo de 2005, figura entre otros casos de violaciones a los derechos humanos.

También se refiere al caso de Feliciano Pineda, dirigente comunitario del municipio de Gracias, departamento de Lempira, quien fue agredido y herido de gravedad en junio.

A su llegada al hospital, a Pineda lo esposaron y detuvieron, y posteriormente lo llevaron a la cárcel antes de que pudiera recibir tratamiento médico adecuado, añade la denuncia.

El informe destaca, además, que los juzgados especializados en la violencia en el ámbito familiar, "se encontraban abrumados por el número creciente de denuncias que, según se afirmó, ascendieron a más de 30.000 entre 2000 y mediados de 2005".

Un informe de la Fiscalía especial de la mujer señala al respecto que tres de cada diez mujeres que presentaron quejas finalmente murieron a manos de su agresor. EFE