Uso del Poder Judicial obstaculiza labor de pro DDHH en Honduras

El documento indica que la lucha por la defensa de los derechos humanos ha "ganando fuerza", pese a los graves abusos cometidos con total impunidad en muchos países ante la indiferencia de las autoridades.

La "negación" de los derechos humanos es la vida diaria para muchas personas en Latinoamérica, especialmente entre los grupos indígenas, las mujeres y los niños.

"Sin embargo, la sociedad civil y el movimiento en favor de los derechos humanos continuaron ganando fuerza e influencia en sus reclamaciones", en busca de mejores condiciones de vida y "rendición de cuentas gubernamentales", dice AI en el documento presentado hoy en Londres.

En general, la organización centra su informe en "los abusos, la tortura y los malos tratos a detenidos a manos de la policía", como "prácticas generalizadas", la violencia contra las mujeres, como problema con "carácter endémico", y "el alto índice de delincuencia organizada", como desastre social.

Para AI, "los miembros de las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo violaciones generalizadas" de los derechos de la persona "con impunidad".

Agrega que "se recibieron informes procedentes de toda la región sobre torturas y otros malos tratos, que a veces tuvieron como resultado muertes bajo custodia, pero pocas veces los autores fueron castigados".
Muchas cárceles "tenían graves problemas de superpoblación y carecían de los servicios esenciales. A menudo, las condiciones constituían trato cruel, inhumano y degradante", una situación que "dio origen a varios motines en toda la región" con "decenas de muertes".

Para Amnistía, "la falta de independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales (...) siguió siendo un grave motivo de preocupación".

Al referirse a Colombia, AI dice que "fueron las políticas del Gobierno, en el contexto del prolongado conflicto, las que amenazaron al Estado de Derecho. Todas las partes en el conflicto continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos".

Agrega que la Ley de Justicia y Paz "amenazaba con garantizar la impunidad a miembros de grupos armados ilegales" implicados en muchos crímenes.

A juicio de la ONG, "los altos índices de violencia alcanzados en varios países, especialmente en áreas urbanas, también amenazaron los derechos humanos y el Estado de Derecho".

En "algunas ciudades de Brasil, América Central y el Caribe había barrios enteros atrapados entre la delincuencia violenta muchas veces relacionada con la actividad de bandas, y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, cuyos métodos violaban los derechos de comunidades enteras", prosigue.
AI considera que la violencia contra las mujeres "continuó siendo uno de los desafíos más urgentes de América en materia de derechos humanos", pero "los gobiernos de toda la región continuaron haciendo caso omiso de las disposiciones de los tratados relativos a los derechos" de la mujer.

Denuncia que "el número de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez (México) continuó creciendo y no se hicieron progresos suficientes" para poner fin a la impunidad de los autores de los secuestros y asesinatos cometidos en el pasado en esa ciudad y en Chihuahua.

No obstante, "se pudo progresar" en parte: en México la Justicia "resolvió que la violación dentro del matrimonio era delito" y en Guatemala se suspendió una ley que "permitía a los violadores, en ciertas circunstancias, evitar el procesamiento si se casaban con sus víctimas".

En cuanto al pasado, Amnistía considera "un significativo progreso" que el ex dictador chileno Augusto Pinochet fuera "puesto bajo arresto domiciliario", tras ser "privado de su inmunidad penal y declarado 'mentalmente competente' para ser enjuiciado".

También reseña la detención del ex presidente peruano Alberto Fujimori en Chile, aunque acaba de ser puesto en libertad vigilada a la espera de que se resuelva el expediente de extradición a su país, y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina.

Pero en muchos países, dice AI, los defensores de los derechos humanos afrontan serias dificultades y peligros.
Así, "el uso del sistema judicial" con el fin de obstaculizar su trabajo, "amenazándolos con investigarlos o detenerlos por cargos infundados, fue un problema grave en Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y México".