El coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba debe indemnizar a los demandantes, entre los que hay torturados y familiares de desaparecidos, por los abusos que se cometieron cuando estuvo al frente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y el escuadrón de la muerte conocido como Batallón 316.

La magistrada Joan A. Lenard dijo en su fallo que la indemnización enviaría el mensaje de que "los delitos de tortura, desaparición y asesinatos extrajudiciales no serán tolerados bajo ninguna circunstancia y siempre serán castigados".

Lenard indicó que el ex militar a inicios de los años 1980 era director de la DNI y comandaba las Fuerzas de Seguridad de Honduras, incluido al escuadrón acusado de cientos de desapariciones, asesinatos y torturas.

La jueza determinó que el coronel retirado o había ordenado o participado en esos abusos que calificó de "atroces".

Entre los demandantes que deben ser indemnizados están Zenaida Velásquez, hermana del asesinado líder estudiantil Manfredo Velásquez, quien recibirá cinco millones de dólares.

Al hijo de Manfredo se le otorgaron seis millones de dólares.

Periodista torturado
El periodista Oscar Reyes y su esposa Gloria, quienes en una audiencia previa relataron cómo fueron secuestrados en 1982, torturados, golpeados y sometidos a descargas eléctricas, serán indemnizados con 13 millones de dólares cada uno.

Dos hermanas de Hans Madisson, un estudiante de 24 años, secuestrado y asesinado, obtuvieron una compensación de cinco millones de dólares.

La exhumación del cadáver de Madisson demostró que fue mutilado y decapitado, según el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos con sede en California que presentó la demanda.

El CJA informó de que la demanda se interpuso en el 2002 por un equipo legal integrado por Matt Eisenbrandt y Almudena Bernabeu y por Ben Reid y Gus Bravo de la firma Florida Carlton Fields.

"Esta sentencia reconoce y premia el coraje de nuestros clientes y de tantos otros quienes decidieron no guardar silencio. En Honduras muchos han sido los intentos, hasta ahora sin éxito, de buscar justicia por estos abusos", dijo Bernabeu.

Ahora confía -agregó- en que las autoridades Hondureñas "tomen nota y se valgan de la prueba obtenida por CJA para procesar y condenar al ex coronel del Ejército López Grijalva".

En el 2004, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al coronel retirado a Honduras, aunque no fue detenido a su llegada al no haber una orden de captura en su contra.

El ex militar entró en 1998 en Estados Unidos con un visado de turista y poco después se acogió al Estatus de Protección Temporal (TPS). EFE