El presidente Manuel Zelaya sustituye en el cargo a Ricardo Maduro, cuyo mandato se caracterizó por la mano dura, la falta de diálogo y las críticas de muchas organizaciones no gubernamentales.

En estos momentos, el 80% de los hondureños vive en la pobreza y las elevadas tasas de paro llevan a decenas de personas a salir del país todos los días. Más de la mitad de la población vive del trabajo en el campo pero, según entidades como el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), no tienen acceso a la tierra y pasan hambre.

Hace unos días, de hecho, el COCOCH anunció que si el nuevo Gobierno no lleva a cabo una reforma agraria que equilibre el reparto de la tierra, invadirán más de 40.000 hectáreas inactivas para cultivarlas.

Sin embargo, el principal problema que afronta el país es la violencia. Según datos gubernamentales, sólo en enero y febrero de este año se han registrado 407 muertes violentas debido a la delincuencia, el narcotráfico, los homicidios y accidentes, entre otros. Desde 1998, además, cerca de 3.000 jóvenes menores de 23 años han muerto violentamente en Honduras.

Como explican desde la ONG Casa Alianza, estas últimas cifras están relacionadas con “ejecuciones arbitrarias” contra adolescentes y jóvenes que forman parte de pandillas. Datos recogidos por ésta y otras organizaciones desvelan que en la actualidad 40.000 jóvenes son miembros de estas pandillas y viven en condiciones de pobreza, exclusión y violencia.

A la violencia que surge de estos grupos de jóvenes se añade también la que estos chicos y chicas reciben. Desde Casa Alianza, por ejemplo, advierten de la necesidad de investigaciones “efectivas” y organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Honduras acusan a “soldados y policías” de actuar como “sicarios” y matar a los jóvenes pandilleros. Asimismo, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos advertía hace poco de la existencia de escuadrones de la muerte que actúan contra estos jóvenes.

Predisposición al diálogo
A pesar de todo, en los próximos meses se podría establecer un diálogo entre algunos miembros de las pandillas y el Gobierno hondureño. En los últimos días, algunos líderes de estas maras han explicado su deseo que tener un trabajo, rehabilitarse e incluirse de nuevo socialmente. El Gobierno de Manuel Zelaya, por su parte, parece que se muestra receptivo a entablar conversaciones.

En este contexto, instituciones como la Compañía de Jesús en Honduras han instado al nuevo Ejecutivo del país a poner en marcha políticas sociales que acaben contra la pobreza y a acabar con la impunidad de los actos violentos que, según esta entidad, se derivan de la delincuencia común, el crimen organizado y la delincuencia juvenil.

Acuerdos con el FMI
Una de las primeras acciones del nuevo Gobierno de Honduras ha sido, sin embargo, garantizar al Fondo Monetario Internacional que mantendrá sus políticas de ajuste durante este 2006, año en el que finaliza un acuerdo entre este país y la institución internacional y que ha supuesto un intenso control del gasto y varios ajustes fiscales en dos años.

Ante estas políticas, entre las que también destaca la puesta en marcha en Honduras del Tratado de Libre Comercio (TLC), algunas entidades ya han alzado la voz. Es el caso del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, que insta al nuevo equipo dirigente del país a impulsar una ley para fomentar la transparencia y defender los servicios públicos.

Tomado de Canalsolidario.org