La Cámara de Representantes estatal, dominada por los republicanos, debatirá en las próximas semanas iniciativas que proponen eliminar la asistencia financiera a estudiantes indocumentados y la construcción con fondos estatales de un muro a lo largo de la frontera de Arizona con México, entre otros proyectos.

"De ninguna manera estás persiguiendo a nadie, estas personas desde el momento que cruzaron la frontera de manera ilegal cometieron un delito, así que solamente estamos haciendo cumplir la ley", afirmó el legislador estatal republicano, Russell Pearce.

Pearce es uno de los principales impulsores de las iniciativas calificadas por activistas de "anti-inmigrantes".

Nuevamente han sido presentadas iniciativas como la HCR 2036, que busca convertir el inglés en el idioma oficial del estado, y la HB 071, que otorgaría poder a la policía para cuestionar a una persona sobre su situación legal en el país. Ambas iniciativas fueron aprobadas el año pasado, pero fueron vetadas por la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano.

Algunas de las propuestas de ley que más controversia han generado son las que proponen castigar a los negocios que contratan indocumentados con multas de miles de dólares.

"Es importante cerrar el camino a estas personas, que no tienen ningún derecho de estar en Arizona, ni en Estados Unidos", dijo Pearce, quien afirmó que de "ninguna manera es un oportunista, ni un racista".

Pese a que las leyes federales ya penalizan la contratación de inmigrantes indocumentados, los legisladores estatales aseguran que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para frenar esta práctica que, según ellos, fomenta el interés de los inmigrantes por cruzar la frontera de manera ilegal.

Aquellos negocios que sean encontrados culpables de contratar indocumentados podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y estarían en riesgo de perder la licencia comercial y la certificación del estado.

Otra iniciativa propone que los patrones puedan despedir a los trabajadores que no tienen número de seguro social válido y que hayan presentado documentos falsos.

Mientras, la propuesta HB 2577 establece que un ciudadano estadounidense pueda demandar a su empleador si éste contrata a inmigrantes indocumentados.

Según Pearce, los estadounidenses están "perdiendo sus empleos por culpa de personas que no tienen ningún derecho de trabajar" en el país.

Según cálculos del Pew Hispanic Center, la inmigración ilegal equivale al 10 por ciento de todos los trabajadores de Arizona.

Basándose en las acciones de grupos como los "Minuteman", fue presentada una propuesta de ley que crearía un grupo de voluntarios armados en la frontera para vigilar el paso de indocumentados.

Entre tanto, los hijos de los inmigrantes indocumentados también son este año blanco de varias iniciativas estatales que obligarían a los estudiantes sin documentos a pagar las matrículas en institutos y universidades como extranjeros, y prohibiría el uso del español en las escuelas públicas del estado. EFE