| Crisis Fiscalía | ||
Congreso
elige hoy nuevo fiscal general y adjunto |
||
|
||
|
||
|
La renuncia del fiscal general del Estado, Ovidio Navarro, y el fiscal adjunto, Yuri Melara, supone el fin de una crisis en el Ministerio Público de Honduras, institución que también ha sido minada por denuncias de corrupción. Sin explicar motivos, Navarro presentó el martes, su "renuncia irrevocable", efectiva a partir del próximo 30 de junio, ante el presidente del Parlamento, Porfirio Lobo, quien el pasado jueves advirtió que esta semana "rodarán cabezas en el Ministerio Público", ante tanto escándalo. En su renuncia, Navarro expresa que ejerció el cargo con responsabilidad, en función de los intereses de la patria, y que lo deja con la satisfacción del "deber cumplido". Otra fuente de la Fiscalía informó posteriormente de que el fiscal adjunto, a quien EEUU anunció el pasado 3 de junio que desde diciembre de 2004 le revocó la visa para que ingrese a ese país por corrupción, también había decidido renunciar. Diversos sectores coinciden en que el Ministerio Público ha perdido en los últimos 15 meses la credibilidad y prestigio con que nació en 1994. El nombramiento de Navarro como fiscal general, hace un año y tres meses, fue cuestionado por algunos sectores, que advirtieron de que su elección no era la mejor, porque antes había sido abogado defensor del ex presidente Rafael Callejas, cuya administración (1990-1994) también fue salpicada por denuncias de corrupción. La renuncia de los fiscales general y adjunto se produjo un día antes de que el Parlamento anunciara su decisión, tras analizar un informe de una comisión especial que fue nombrada para que investigara la denuncia de la embajada de EEUU, sobre la revocación de la visa a Melara, por corrupción. Sobre esa denuncia, el embajador de EEUU en Tegucigalpa, Larry Palmer, reiteró la semana pasada que no precisaría detalles sobre los casos de corrupción. Palmer indicó a la comisión investigadora nombrada por el Parlamento hondureño, que preguntaría a Washington si el Departamento de Estado estaría dispuesto a desclasificar la información sobre Melara. El escándalo de Melara se sumó a otros hechos como la destitución de diez fiscales y el traslado de otros, en octubre de 2004, tras una denuncia en el sentido de que en el Ministerio Público se habían archivado decenas de casos de corrupción, entre los que figuraba el ex presidente Callejas. Desde entonces ha habido una confrontación entre dirigentes de la Asociación de Fiscales y Navarro, en deterioro del Ministerio Público, cuya creación ha sido uno de los logros más importantes de la sociedad hondureña en los últimos años, con respaldo de la comunidad internacional. Los fiscales que denunciaron los presuntos actos de corrupción en octubre pasado, consideran que mientras en Costa Rica y Nicaragua las autoridades están dando "verdaderos ejemplos de combatir la corrupción", encarcelando a ex presidentes de esos países, "en Honduras sigue la impunidad y se protege a los corruptos". En reiteradas ocasiones, Navarro dijo que "en ningún momento" había ejercido el cargo para favorecer a personas particulares, como el ex presidente Callejas, quien sostiene que las acusaciones en su contra durante la administración liberal de Carlos Roberto Reina (1994-1998) obedecieron a una "persecución política". Hace más de un año, Callejas recibió siete cartas de sobreseimiento por denuncias de presuntos actos de corrupción presentadas en su contra durante la administración de Reina, quien promovió una "revolución moral" para combatir la corrupción. Se espera que el Parlamento hondureño escoja esta misma semana a los sucesores de Navarro y Melara, aunque la renuncia de este último oficialmente no fue confirmada ayer por la secretaría del poder legislativo. EFE |
||