La acusación fue presentada ante el alto Tribunal de Justicia del país, ya que por su investidura de diputado, Hernández Alcerro debe ser sometido a un procedimiento especial en función de lo que establece el Código Procesal Penal para los altos funcionarios del estado.

Hernández Alcerro es diputado por el departamento de Francisco Morazán y actualmente aspira a reelegirse en el cargo por el oficialista Partido Nacional. La Fiscalía también lo investiga por la venta irregular de pasaportes en la Dirección de General de Migración y Extranjería.

Por este último caso se encuentran presos el ex director de Migración Ramón Romero y el ex jefe de la sección de Extranjería, Julio Hernández.

La acusación presentada hoy ante el Poder Judicial es por el delito de abuso de autoridad en vista que el acusado, cuando se desempeñó como ministro de Gobernación y Justicia, ordenó a empleados de la oficina de Migración en San Pedro Sula, la salida de un menor de edad del país sin la correspondiente autorización de sus padres.

Según la fiscal contra el crimen organizado, Doris Aguilar, el diputado abuso de su cargo al ordenar a sus subalternos la salida del menor en abril de 2004 violentando con ello el Código Civil y el Código de la Niñez. Agregó que la Fiscalía cuenta con el testimonio de testigos y de los empleados que recibieron la orden.

Aguilar dijo que la ley es bastante clara en ese sentido, pues un menor de edad no puede salir del país sin la respectiva autorización de sus progenitores, por lo que el ex funcionario abusó de su alta investidura para hacer que el niño abandonara el territorio por la terminal aérea de San Pedro Sula.

Señaló que la acusación fue presentada ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia y no ante un tribunal común, en vista que Hernández Alcerro es un alto funcionario estatal y, además, aspira a un cargo de elección popular y corresponde al alto tribunal definir el procedimiento para su juzgamiento.

“Como Jorge Ramón Hernández Alcerro es una persona de notoriedad y está aspirando a un cargo popular, pedimos a la Corte que actúe como corresponde”, dijo.

Cuestionada por la lentitud en las investigaciones por el caso de tráfico de pasaportes en la Dirección de Migración, la fiscal Aguilar argumentó que ese caso no se encuentra estancado y todo lo contrario se está trabajando permanentemente para presentar nuevas acusaciones en contra de otros involucrados.

En defensa, dijo que nunca antes en el país se había acusado y enviado tras las rejas a un ex director de Migración en clara alusión a Ramón Romero, quien se encuentra guardando prisión en celda de la Dirección general de Investigación Criminal (DGIC) ante el temor de que sea objeto de un atentado en la Penitenciaría Nacional.